«El ajuste al Presuesto presenta una reduccción al gasto anual del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General del Estado y la Universidad Veracruzana. Lo anterior, pese a que la Constitución local establece que para la autonomia presupuestal de los poderes públicos y organismos autónomos se debe otorgar: el 2.5% de los ingresos anuales al Poder Judicial; 1.5% a la Fiscalía y 4.% a la UV». La nota es de Itzel Molina en Diario de Xalapa».. Si lo establece la Constitución, ¿lo puede desatender el Secretario de Finanzas, en su ajuste al Presupuesto?
