Un juez de Chihuahua dio un plazo de 24 horas para que la Secretaría de Bienestar restituya el apoyo que entregaba en el 2018 a 176 estancias infantiles de esa entidad, las cuales atienden a 5 mil menores.
E incluso, requiere al Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenar que se cumpla la suspensión definitiva de las nuevas reglas de operación del programa, de lo contrario, advierte, los responsables serán acreedores a una multa.
«Se estima pertinente requerir al titular de la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Chihuahua, de la Secretaría del Bienestar, y a la autoridad responsable, Secretario de Bienestar, para que en el plazo de 24 horas informen sobre el cumplimiento que hayan dado lugar a la suspensión concedida.
«Se requiere al Presidente de la República, con sede en la Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico del Secretario de Bienestar a efecto de que ordene a ésta y todas aquellas autoridades vinculadas que acaten en sus términos y remita las constancias con las que demuestra haber dado la orden», resolvió el viernes 5 de abril Alberto González, Juez Segundo de Distrito en Chihuahua.
La multa por incumplimiento es de 3 a 9 años de prisión, 500 días de UMA, destitución o inhabilitación por 9 años.
La sentencia que se pide cumplir es la del 27 de marzo dictada por Elba de la Torre, Juez Primero de Distrito en Chihuahua, que otorgó la suspensión definitiva de las nuevas normas para estancias, las cuales no recibirán apoyo y a los padres se les entregarán directamente mil 600 pesos bimestrales.
Los centros de cuidado no sólo recibían, de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, 950 pesos mensuales por niño inscrito, también se les ayudaba con un seguro médico por cada menor y servicios de protección civil, capacitación y otros.
Los quejosos impugnaron la reducción de presupuesto de 4 mil a 2 mil por parte de la Cámara de Diputados al Programa de Estancias Infantiles, así como las reglas de operación 2019, con el argumento que se trata de otro programa, no el avalado por los legisladores.
Además, argumentaban, se violenta la Constitución, pues señala que en las políticas públicas de desarrollo social cuando se trata de la niñez las medidas no pueden ser regresivas, sino progresivas.
La juez les dio la razón, por lo que en la suspensión definitiva advierte que no se pueden aplicar las reglas de operación del 2019, sino mantener las del 2018 hasta que el juez correspondiente resuelva de fondo el amparo o el niño cumpla 4 años.
«Se otorga a la quejosa, como beneficiaria del programa, los apoyos que le corresponden conforme a las cantidades y modalidad (impulso a los servicios de cuidado y atención infantil) establecidas en las reglas de operación 2018.
«No se ejecute a la quejosa la reducción efectuada en el Presupuesto de Egresos 2019. Que no se ejecuten los efectos del acuerdo por el que se emiten las reglas del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños de Madres Trabajadoras 2019», establece la sentencia.
Debido a que Bienestar no cumplió, los inconformes, a través de un equipo de abogados que pagó el diputado federal Mario Mata del PAN, presentaron 22 solicitudes por incumplimiento.
«El juez nuevamente nos dio la razón, por lo que si no cumplen serán sancionados», resumió el legislador.
