La Cámara de Diputados se alista a debatir en el Pleno, este jueves 25 de abril, el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que reforma los artículos 108 y 111 de la Carta Magna, en materia de fuero.
El proyecto elaborado a partir de una minuta del Senado, prevé ampliar la lista de delitos por los que el Presidente de la República puede ser acusado y enjuiciado, incluyendo los previstos en el artículo 19 constitucional, referente a las conductas merecedoras de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, deja fuera de esas disposiciones a diputados y senadores. Ese cambio generó discordia y desacuerdos entre las fracciones mayoritarias.
El proyecto avalado por los senadores señalaba que se establecería un mecanismo jurídico para que el Primer Mandatario pueda ser procesado, previa declaración de procedencia, y estar sujeto a proceso penal en los términos del artículo 19 constitucional.
También modificaba el artículo 118 de la Constitución, para que en caso de que el presidente de la República o los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión incurran en algún delito como traición a la patria, corrupción, delitos electorales o cualquiera de las faltas establecidas en el artículo 19, se proceda penalmente en su contra.
Sin embargo, en San Lázaro, la mayoría decidió excluir de la norma a diputados y senadores, con el argumento de que no debe ser enjuiciados solo por esos ilícitos, y con la promesa de que presentarían una iniciativa para que los legisladores que incurran en esos y otros delitos, sean enjuiciados como el resto de los ciudadanos.
La reforma avalada en el Senado señala, en el artículo 111 constitucional que “para proceder penalmente contra” el Presidente, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. También se tiene contemplado analizar y aprobar la reforma al artículo 93 de la Constitución en materia de comisiones de investigación en el Congreso de la Unión.
El propósito es dar facultades a diputados y senadores, a abrir comisiones de investigación en torno a cualquier ente público, incluyendo organismos autónomos, excepto el Poder Judicial y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo anterior, a petición de una cuarta parte de los integrantes de cada cámara, respectivamente, sin que ello tenga que ser autorizado por la mayoría.
Lo anterior, para haber valer los derechos de las minorías. Prevén tratar el dictamen con reformas al artículo 74 constitucional, a fin de prohibir expresamente las llamadas “partidas secretas” en el presupuesto. Asimismo, se discutirán dictámenes con reformas en materia de ratificación de empleados superiores de Hacienda, de salud preventiva y otros.
