El proceso penal por peculado contra la ex alcaldesa priísta (2012-2018), Bárbara Botello Santibáñez, no tiene tintes partidistas, ni es una revancha política, afirmó el presidente panista de León, Héctor López Santillana.
“Es un proceso que toma su tiempo, es un proceso apegado a derecho, la licenciada está haciendo lo que considere en su justa defensa, esto no tiene nada de partidista, ni de revancha política”, afirmó el también ex secretario de Desarrollo Económico del estado y ex gobernador sustituto.
El proceso inició apegado a las normas jurídicas y ahora está en manos del Poder Judicial, dijo López Santillana.
Sobre la acusación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de que el proceso contra Bárbara Botello es una persecución política, el alcalde señaló que “si hubiera sido una persecución política lo hubiéramos manejado en los tiempos que hubiera convenido, políticamente hablado”.
La denuncia puesta por el gobierno de León y la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) se han realizado respetando el estado de derechos, sostuvo.
“Entonces esto no tiene nada de político, ni de partidista. Aprovecho el llamado a mi propia gente, a mi administración de que esto es una demostración de que no nos temblará, ni titubearemos” en aplicar la ley, señaló.
López Santillana aseguró que se han puesto denuncias contra funcionarios que trabajan en su segundo periodo de gobierno (2018-2021).
“Esto habla de que no tienen ningún sesgo” y lo que fallen serán llevados hasta la justicia, acotó.
La ex alcaldesa fue arrestada el jueves y está recluida en el Centro de Readaptación Social de León, mientras la juez tercero de lo penal resuelve si le dicta auto de libertad o de formal prisión.
Como diputada federal, Bárbara Botello Santibáñez, acusó a López Santillana de iniciar una persecución política contra funcionarios del gobierno priísta de León (2012-2015).
“Él -Héctor López Santillana- es el monumento a la corrupción porque él –como secretario de Desarrollo Económico- creó la empresa fantasma de Cereal y Pastas Finas, para comprar 911 hectáreas para la fallida refinería, donde el gobierno del estado (2006-2012) gastó casi mil millones de pesos”, acusó en 2017.
En esa ocasión también recriminó que no sancionara a los ex funcionarios panistas del gobierno (2006-2009) que perdieron 37 millones de pesos en una inversión, no autorizada por el ayuntamiento, en Metrofinanciera.