Agustín Basilio de la Vega
En días pasados, El X Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó suspender la construcción de las pistas en la base militar de Santa Lucía hasta que el gobierno del presidente López Obrador y las autoridades federales presenten todos los estudios en materia de seguridad y ambientales.
Diversos ciudadanos lograron a través de 147 juicios de amparo, que la SCT conserve las diversas obras del NAIM. La sociedad civil organizada argumenta que deben detenerse el derroche y la corrupción en las obras carentes de estudios técnicos o proyectos ejecutivos debidamente validados y autorizados por las entidades normativas que regulan las diversas actividades obras.
Los grandes proyectos de infraestructura no deben estar eximidos de los requisitos que todos debemos cumplir sobre todo si se trata de seguridad y protección del medio ambiente. La vida es el principal derecho humano que se debe cuidar y respetar así como también es fundamental proponer y cumplir con las medidas de mitigación, compensación y prevención para evitar de daños al entorno natural y social.
Todas las obras de gran magnitud, presentan muchos retos y por lo tanto deben estar suficientemente estudiadas, las normas técnicas y ambientales exigen más estudios especializados en la medida que el impacto es de carácter mayor o regional. Por ejemplo de acuerdo a la LEGEPA, cuando un proyecto se encuentre en procedimiento de impacto ambiental, cualquier persona de la comunidad donde se pretenda realizar podrá solicitar una consulta pública que debe presentarse por escrito dentro de los diez días contados a partir de la publicación del proyecto en la Gaceta Ecológica de Semarnat. (Ley General de Protección y equilibrio Ecológico, ver sección V artículos 28 – 35 Bis 3 sobre la Evaluación Ambiental).
Todo ciudadano tiene derecho a exigirle al gobierno que respete la ley así como todos lo debemos de hacer y si no, también los ciudadanos tienen el derecho de pedir al Poder Judicial que intervenga. El Amparo, es precisamente un recurso con que cuentan las personas contra los abusos de autoridad y las violaciones a los derechos y humanos por parte del gobierno.
Mucha razón tiene la Barra Mexicana de Abogados, Colegio de Abogados, en denunciar que el presidente de México actúa de manera inapropiada al amenazar a particulares con develar datos personales. Esto es propio de regímenes autoritarios o de dictadores que solo piensan que sus ideas y palabras cuentan.
El gobierno debe respetar la Constitución, los Tratados Internacionales que ha firmado México y las leyes que de ellos emanan, su función es respetar las normas y hacerlas valer y no intervenir inhibiendo la acción de la justicia con presiones mediáticas. El ejecutivo debe acatar las sentencias y respetar el estado de derecho.
Un verdadero demócrata está por limitar al poder para evitar abusos y no al ciudadano que lucha por la justicia, para una dictadura en cambio, es más importante el deseo del Estado que no siempre tiene la razón y desprecia las opiniones y los derechos individuales. Si el gobierno quiere hacer obras públicas que las haga bien cumpliendo con todo lo que debe ser y que no imponga sus ocurrencias violando las leyes de manera impune en detrimento de la seguridad o del medio ambiente.
@basiliodelavega 17 de junio de 2019.
