SALUD Y NEGOCIOS

Maribel Ramírez Coronel

Contrario a la percepción generalizada de que las autoridades hacendarias no tienen idea de lo que están haciendo en el sector salud y que están al borde de provocar el desabasto más grande de la historia, la realidad es que la actual administración tiene más clara la película de lo que se creía.

Ya se sabe que el objetivo a toda costa es conseguir ahorros y atacar la corrupción, desafíos nada fáciles y que se ven casi como imposibles, pero conforme nos hicieron ver funcionarios, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), todo parece indicar que sí hay una estrategia con bases y conocimiento de causa.

Ya plantados en el terreno de juego, las autoridades hoy vislumbran un objetivo de ahorros en medicamentos de 30 por ciento. Y si todo les sale bien, están considerando esos ahorros invertirlos en más medicamentos, para hacia adelante elevar la suma anual destinada a compra de fármacos a 100,000 millones de pesos. Lo que el gobierno compra en este rubro es de unos 70,000 millones de pesos.

Las autoridades de hacienda, específicamente la oficial mayor Raquel Buenrostro, habían aparentado no saber, pero tal parece que han profundizado más de lo que se creía en conocimiento de cómo opera la proveeduría del sistema público de salud. Y el evidenciar descontrol absoluto ha sido parte de la estrategia.

Por ello ni les han preocupado todos los reclamos y pataleos; los esperaban dado que les están cambiando todo el juego.

El primer objetivo fue que los laboratorios fabricantes de medicamentos aceptaran vender sin las distribuidoras. Les costó varias semanas de discusiones, pero al final Canifarma, AMIIF, Anafam y Amelaf —las entidades gremiales del sector farmacéutico—, a regañadientes, accedieron.

No quedó claro quién haría la distribución y se había entendido que sería el gobierno, aunque todo era estimación y especulación porque la SHCP nunca lo indicó explícitamente. Ha sido gran angustia para las farmacéuticas por una preocupación genuina de que sus productos no sean bien manejados, pero además por la cobranza también a cargo de las distribuidoras.

Esta simbiosis entre fabricantes y distribuidoras fue entendida por el nuevo gobierno como uno de los factores del sobreprecio, entonces fue lo primero que determinó romper. Ya lo han conseguido. Le podemos informar que la SHCP sí firmará contratos con distribuidoras, pero lo hará en forma separada de los proveedores y titulares de los registros, y será dividida en cinco regiones. El punto es que buscan dividir lo más posible a este sector para generar competencia y también aquí conseguir los mínimos precios.

Las autoridades tienen la idea de que las grandes distribuidoras se quedan, no con 8 o 9% de comisión como ellas mismas mencionan, sino con 30% del precio que el gobierno mexicano paga por los insumos en salud. Y ello porque se hacen cargo no sólo de la parte de logística del reparto que negocian con las farmacéuticas, sino por el rol financiero —ante los largos atrasos de parte sobretodo en los estados— y adicionalmente por el papel de intermediario que han cobrado tanto a laboratorios como al gobierno.

Así, estiman eliminar el foco de corrupción al quitarles el cobro a las distribuidoras, haciéndole el pago directo a los fabricantes, y, además, quitando el manejo del dinero a los estados porque éstos recibirán los medicamentos en especie. Lo que corresponde al Seguro Popular, todo lo pagará la Federación desde el centro. Y las instituciones IMSS, ISSSTE y Pemex lo harán cada uno por su lado.

Sobre el temor de desabasto para el segundo semestre, también sienten que lo tienen controlado, porque están respaldados por los contratos firmados en diciembre pasado.

Al final, las instituciones podrán ir pidiendo al proveedor conforme la nueva compra o conforme el anterior contrato.

Por eso es que tampoco les preocupa que haya claves que se declaren desiertas.

Tomado de El Economista.