La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a los diputados locales y Ayuntamientos de Baja California, a dejar sin efecto las reformas aprobada el pasado 8 de julio mediante el cual se pretende ampliar el período del ejercicio del ejecutivo estatal a partir del primero de noviembre de 2019 a octubre de 2024.
En ese sentido, la Permanente, “como garante del federalismo y la representación de las entidades federativas en defensa del orden constitucional”, pidieron realizar las acciones correspondientes de acuerdo con la Constitución y la del estado de BC para garantizar el orden constitucional y el respeto al Pacto Federal.
En este contexto, los legisladores de todas las fracciones parlamentarias, coincidieron en que el acuerdo tomado por el Congreso de Baja California es violatorio de la Constitución y las leyes electorales; por lo que advirtieron que de no revertir la medida, presentarán los recursos jurisdiccionales necesarios con el fin de evitar su consumación.
La diputada del PAN, Lizbeth Mata de Acción Nacional dijo que este decreto representa la ambición de poder del gobernador electo, Jaime Bonilla y alertó que no se puede permitir este precedente para la democracia mexicana.
En tanto, el diputado de Morena, Raúl Bonifaz reviró y aclaró que no deben confundirse, “en este tema, nadie, nadie metió las manos más que las autoridades locales”, por lo que pidió no enviar falsos mensajes.
Dijo que se puede evitar la judicialización del tema, si en el ámbito local se da marcha atrás a dicha reforma y cuestionó el actuar del Congreso de Baja California.
No obstante, la diputada priista, Dulce María Sauri, manifestó que las “pasiones y compromisos políticos han desatado demonios”, en la vida política de Baja California, por lo que llamó a no permitir que se consume dicha reforma. Lamentó que la Secretaría de Gobernación esté ausente en este tema y declaró que “no hay amistad que valga cuando se trata del orden constitucional y del respeto al estado de Derecho”.
El senador del PRD, Antonio García Conejo, consideró que el acuerdo de los diputados locales, representan un “descarado acto de ilegalidad y corrupción”. En el mismo sentido, el diputado del PVEM, Carlos Puente, destacó que de mantener el acuerdo, estarían promoviendo juicio político contra los diputados locales y también promoverían la desaparición de los órganos jurisdiccionales electorales locales.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, destacó que “no hay forma de defender la ampliación del mandato del gobernador de Baja California”, hacerlo, dijo, significa apostar por una regresión, y consideró que el gobernador electo, Jaime Bonilla, tiene la obligación moral de no aceptar la ampliación de su mandato.
Para la senadora del PT, Nancy de la Sierra, es necesario alzar la voz para no permitir que se siente un precedente nocivo para la democracia del país, dijo que es “abusivo hacer uso de nuestro encargo para tomar decisiones en su propio beneficio, si es como se dice, recibieron cantidades millonarias”.
Mientras que la diputada de Encuentro Social, María Rosete calificó la ampliación del mandato como un acto ilegal y un golpe bajo al sistema electoral mexicano.
