Con la presencia de 18 diputados, algunos sin conocer el orden del día, el Congreso de Baja California declaró la procedencia de la reforma a la Constitución local que amplía de dos a cinco años el periodo de mandato del Gobernador electo, Jaime Bonilla.
El proceso legislativo faculta al Congreso para comunicar la declaratoria de procedencia y que sea válida la reforma constitucional.
La sesión en la que se declaró la validez ocurrió inmediatamente después de desechar, por mayoría, el exhorto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para frenar la extensión de la Gubernatura, por considerarla improcedente.
Los legisladores se reunieron en el Palacio Municipal de Playas de Rosarito, cercado por policías municipales y a puerta cerrada.
«Habiendo 18 diputados presentes se declara quórum», dijo la panista Iraís María Vázquez Aguiar.
«Diputada, a mí me gustaría primero conocer el tema, no conocemos el orden del día», expresó la panista Eva María Vásquez, cuya inquietud no fue atendida.
Advirtió que es una situación ilegal y será determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
«Somos convocados para una sesión cuya orden no conocemos, en convocatoria tarde, con siquiera tener tiempo para trasladarnos, estamos transgrediendo el Estado de Derecho, un precedente sumamente lamentable», manifestó.
«Estoy en contra de esta declaratoria de procedencia», añadió.
También por el PAN, Miguel Osuna aclaró que el tema está a «destiempo», por lo que su postura fue en contra.
Cinco legisladores votaron en contra del orden del día: los panistas Iraís Vázquez Aguiar, Eva María Vásquez, Andrés de la Rosa, Miguel Antonio Osuna Millán y Mónica Hernández.
La legisladora de Morena Victoria Bentley Duarte fue quien leyó el dictamen que declara procedente la reforma al artículo Octavo Transitorio de la Constitución.
Durante la sesión extraordinaria, diputados del PRI y del PAN también se quejaron de que han sido objeto de críticas a nivel «nacional e internacional» y algunos incluso se consideraron víctimas de posibles actos de la delincuencia, al darse a conocer que presuntamente recibieron sobornos.
El Congreso deberá turnar al Poder Ejecutivo la declaratoria de procedencia para que la reforma sea publicada en el Periódico Oficial.
