Un juez federal negó hoy a Emilio Lozoya Austin, ex director General de Pemex, acceso a sus cuentas bancarias por tiempo indefinido.
El Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa negó la suspensión definitiva en el amparo promovido por Lozoya contra el bloqueo de sus cuentas, ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Originalmente, este juzgado había concedido a Lozoya una suspensión provisional el 20 de junio, para acceder a una cuenta en Banco Azteca.
Pero la suspensión provisional fue revocada el 3 de julio por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, luego de que la UIF le presentó un oficio de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA), fechado el 30 de abril, que afirma que existe una investigación contra Lozoya por posibles operaciones de lavado de dinero.
La Suprema Corte de Justicia ha establecido que los bloqueos de la UIF pueden ser suspendidos por los jueces, salvo en casos en que exista una solicitud de colaboración internacional, y luego de recibir informes adicionales de la autoridad, el juzgado decidió negar la suspensión definitiva.
La UIF ha presentado oficios de la DEA y el FBI en asuntos recientes en los que ha bloqueado cuentas, para sostener que hay colaboración internacional, y al menos en el caso de Lozoya, cuyo paradero se desconoce, el argumento funcionó.
«Aun cuando haya sido formulada por canales informales, es una solicitud válida realizada por una autoridad extranjera con competencia en la materia, para efectos de que esta Unidad Administrativa Central prestara auxilio en ejercicio de sus facultades, toda vez que la DEA está llevando a cabo una investigación, por la posible comisión de actividades relacionadas con lavado de dinero, sobre algunas personas, entre las cuales destaca el hoy quejoso», afirmó la UIF.
El juzgado también requirió hoy a Lozoya Austin para que informe si quiere ampliar su demanda de amparo, luego de recibir esta semana pruebas adicionales de la UIF para defender el bloqueo.
Lozoya está prófugo, pues enfrenta dos órdenes de aprehensión por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, por la compra de sus residencias en la Ciudad de México e Ixtapa Zihuatanejo, en 2012 y 2013, que estarían relacionadas con supuestos sobornos de las empresas AHMSA y Odebrecht.
