Este medio día la Cámara de Diputados recibió y turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que se reforme el Artículo 4 de la Constitución con el objetivo de establecer la obligación del Estado para la entrega de apoyos económicos a la población vulnerable.
La propuesta publicada en la Gaceta Parlamentaria resalta que la intención es llegar a un Estado de bienestar igualitario y fraterno para garantizar que “los pobres, los débiles y los olvidados encuentren protección ante incertidumbres económicas, desigualdades, desventajas y otras calamidades”.
El Estado de bienestar que se pretende llevar a rango constitucional, tiene como principio la protección de las personas a lo largo de la vida, “desde la cuna hasta la tumba, haciendo realidad el derecho a la alimentación, al trabajo, a la salud, a la educación y a la cultura, a la vivienda y a la seguridad social”.
El documento resalta que el sistema jurídico actual carece de herramientas eficientes que garanticen las necesidades básicas de este sector de la población en el que destacan las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.
La iniciativa del Ejecutivo federal precisa que los adultos mayores por su edad y su estado de vulnerabilidad, requieren de una protección reforzada por parte del Estado en el resguardo de sus intereses y derechos, frente a cualquier acto que los violente o transgreda.
“Por tanto, basándose en el notorio aumento de las personas adultas mayores desde la perspectiva demográfica del país, así como el hecho de que una gran parte de ellos no tiene acceso a un sistema de seguridad social integral, resulta necesario que el Estado les otorgue esta prestación con el fin de aliviar la pobreza en la que se encuentran”.
En el caso de personas con discapacidad permanente en la infancia, la juventud y aquellas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas hasta antes de que cumplan la edad a partir de la cual tienen derecho a percibir la pensión para las personas adultas mayores, es imperativo, por parte del Estado, velar por sus necesidades, de manera particular considerando que se trata de personas en situación vulnerable.
Por ello, “también las personas con discapacidad, en especial, las niñas, los niños, los pobres y la población indígena tendrán derecho a recibir una pensión igual a la de los adultos mayores”.
