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La Jornada / Roberto Garduño

La revocación de mandato y la consulta popular quedaron inscritas en la ley este jueves, cuando el pleno de la Cámara de Diputados declaró reformada la Constitución al confirmarse la aprobación de éste ordenamiento, en 17 congresos estatales

La presidenta en turno de la Mesa Directiva, Dolores Padierna Luna, enunció ante el pleno cameral, que una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de los congresos de los estados y de la Ciudad de México (17 como márgen), la Cámara de Diputados emite el siguiente proyecto de declaratoria:

“El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 constitucional, y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales”.

Los 17 votos aprobatorios, corresponden a las legislaturas de Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala. Un voto contra fue el presentado por el congreso de Guanajuato.

En el pleno cameral se sucedió una catarsis variopinta en torno a la reforma constitucional. María del Carmen Bautista (Morena) consideró que la consulta popular es una herramienta de la democracia directa que empodera a las y los ciudadanos.

No obstante, el panista Raúl Gracia, conocido por sus agrias criticas al gobierno federal llevo al extremo su razonamiento: la declaratoria de la reforma constitucional, “es mucho más grave y peligroso de lo que era hace unos meses, ya que han tomado el control de la Corte y van por el del órgano electoral. No a la revocación como un instrumento del socialismo para aferrarse a un poder dictatorial”.

En el terreno de la moderación, la priísta Dulce María Sauri, consideró la reforma como un avance en materia de participación ciudadana directa; sin embargo, preocupan las limitaciones, ambigüedades e indefiniciones que persisten. En 2021, dijo, el INE no sólo será el encargado de las elecciones federales sino podrá recibir la petición para revocar el mandato al Presidente, pero “¿cómo lo hará si se le recortó el presupuesto?”.

También, Martha Tagle ponderó el avance que representa la reforma constitucional: “con esta reforma la ciudadanía tiene la llave para activar mecanismos de participación e incidir en las principales decisiones de nuestro país, así como para quitar a los malos gobernantes.”