La mayoría simple que integraron las bancadas de Morena, Partido del Trabajo, PES, PVEM, y algunos representantes del PRI y Movimiento Ciudadano, con 306 votos a favor, avalaron en lo general la Ley de Amnistía, que pretende devolver la libertad a las personas que se encuentran injustificadamente presas y no generaron daño a la sociedad.
El proceso de aprobación de la citada ley, en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, se matizó por las posturas de choque entre la oposición encabezada por el PAN, la mayoría del PRI, el PRD, y una bancada dividida de Movimiento Ciudadano.
Rubén Moreira Valdez, ex gobernador de Coahuila (PRI), calificó la propuesta presidencial como “un acto de justicia” para los más abandonados. Aquellos –dijo- que han resultado castigados sin pruebas. También su compañera Ximena Puente se pronunció, con su voto, por la legislación.
Una vez que se aprobó en lo general, la discusión dio pie a posiciones en contra, incluso de la bancada del PES, que presentó una propuesta para que se incluyera en el dictamen la obligación de no permitir la libertad de aquellas personas que incurrieran en el “delito de aborto”.
Así, el texto, que contiene en el fondo la propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, facilitará la procuración de justicia, “reducirá la carga de trabajo de los tribunales en lo que hace a delitos que no dañan gravemente a la sociedad, permitiendo enfocar los esfuerzos a los que sí generan un impacto profundo en nuestra seguridad.”
También se constituirá como un instrumento de protección a grupos vulnerables, cuyo eje principal será el respeto a los derechos humanos de las víctimas. Con ella se reinsertará al tejido social a personas que han sido arrancadas de la sociedad por su condición de vulnerabilidad, de exclusión o discriminación o por su situación de pobreza.
Incluso la presidenta de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera, adujo que ésta “puede convertirse en un instrumento de pacificación nacional, pues la Ley de Amnistía será también un modelo para las entidades federativas que decidan replicar este esfuerzo. Con todo esto, es evidente que la amnistía se debe considerar como parte de la estrategia de justicia y seguridad, abonando a que el combate al fenómeno delictivo se centre en la persecución y castigo de los delitos que mayor afectación generan a los bienes jurídicos que tutela el Estado”.
