El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil concedió las primeras suspensiones en favor de personas físicas y morales que han promovido amparos para impugnar la ley, en particular, la posibilidad de que el gobierno venda bienes sujetos a proceso de extinción antes de que el juez respectivo dicte sentencia.

«Se concede la suspensión definitiva para que, en caso de que se llegara a iniciar un proceso de extinción de dominio, en contra del quejoso, respecto del bien señalado en su demanda de amparo, no se proceda a su venta, disposición, transmisión de la posesión (uso, depósito, comodato, arrendamiento o cualquier otro acto similar)», resolvieron los magistrados.

Los amparos fueron promovidos por personas físicas y por empresas medianas y pequeñas, sobre todo inmobiliarias, tiempos compartidos y transportistas, que pueden ser afectadas por extinciones de dominio derivadas de delitos cometidos por terceros.

El tribunal publicó la primera tesis sobre el tema el pasado 13 de diciembre en el Semanario Judicial.

Este tribunal solo ha resuelto algunas revisiones contra las negativas de suspensión dictadas por Olga Lidia Treviño, jueza Especializada en Extinción de Dominio, quien ha concentrado los alrededor de dos mil amparos contra la nueva ley.

Al menos tres tribunales colegiados civiles han sostenido el criterio contrario, es decir, consideran que no procede la suspensión, por lo que el Noveno Tribunal denunció este mes la contradicción de tesis ante el Pleno Civil del Primer Circuito, integrado por catorce magistrados, para que fije la jurisprudencia respectiva.

Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió en septiembre a la Suprema Corte de Justicia invalidar estas y otras 18 reglas de la Ley, juicio que está en trámite y no suspendió la vigencia de la norma.