Grupo México (GM) aseveró que todavía no se conocen los detalles del amparo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó este miércoles a 35 habitantes de la región de Río Sonora, sobre las medidas de remediación por la contaminación ocasionada por su mina Buenavista del Cobre, cuando en agosto de 2014 derramó sulfato de cobre acidulado en ese afluente.
Si bien el corporativo aclaró que está a la espera de que la Suprema Corte le notifique la sentencia, sostuvo que de tres amparos presentados sobre dicho accidente, dos fueron rechazados o sobreseídos, “lo que implica que la justicia federal no ampara a los quejosos, a quienes les fue negada la reapertura del Fideicomiso Río Sonora”, creado para mitigar los daños.
El tercer amparo, dijo, sólo fue aceptado parcialmente y se otorgó a 35 pobladores “para ciertos efectos, mismos que hoy no se conocen, pues aún no se ha dictado la sentencia judicial y por lo tanto se ignoran los alcances de la misma”.
El fideicomiso, por 2 mil millones de pesos, fue cerrado en 2017 sin dar aviso a los afectados, quienes demandan atención médica y medidas de remediación para sus tierras de labor, además de que señalan que sólo se ejerció el 61 por ciento de los recursos y, en cambio, Grupo México gastó cuatro veces más en publicidad que en medidas de salud.
La organización que asesora a los afectados, Poder, está vinculada a Napoléon Gómez Urrutia, acusa GM.
El corporativo de Germán Larrea acusó que hay manipulación y desinformación sobre la sentencia de la Suprema Corte y manifestó que los afectados son asesorados por el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), a la que señaló de estar “presuntamente vinculada” con el senador y dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia.
“Es lamentable que haya voces que busquen desinformar y manipular a la opinión pública al especular sobre los términos de una decisión judicial”, indicó Grupo México, al tiempo que reiteró su compromiso con la legalidad y el desarrollo sustentable y responsable de sus operaciones.
El miércoles pasado, Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de PODER, acudió a la sesión donde la SCJN resolvió sobre los amparos referidos. Aseguró que la decisión de la Corte beneficiará a las comunidades afectadas porque permitirá volver a tener acceso al fideicomiso porque el daño ocasionado por el accidente de Grupo México no se reparó integralmente.
Sin embargo, también dijo “ya veremos el engrose de la sentencia, qué dictan específicamente las autoridades”
