La Cámara de Diputados llevó a cabo entre el 1 de febrero y el 20 de marzo, uno de los periodos legislativos más cortos de la historia, con tan solo mes y medio de sesiones.
La Ley que más reformas sufrió es el Código Penal Federal con 10, entre las cuales se incrementaron las penas para quienes cometan el delito de feminicidio, además de que se incrementaron las causales para tipificar un crimen con esas características de violencia de género. También se redefinió al acoso y sus diferentes manifestaciones. Sin embargo, todas estas iniciativas se encuentran en proceso de aceptación en el Senado.
La Ley General de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes sufrió 7 modificaciones en el lapso de mes y medio, asimismo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, fueron modificadas en cuatro ocasiones cada una. La Ley de Ciencia y tecnología se modificó en tres ocasiones y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue intervenida en dos ocasiones.
Estas modificaciones se dieron en el marco de las protestas femeninas contra el incremento de los feminicidios y la violencia que afecta a mujeres y niñas.
Sin embargo, la Cámara de Diputados no sólo modificó esas leyes, también aprobó la convocatoria, presentada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), donde se inscribieron 392 candidatos. Nombraron a los tres integrantes del Comité Técnico de Evaluación y avanzaron en el proceso de selección de los cuatro Consejeros Electoral. Este trámite quedó inconcluso debido a la epidemia de coronavirus que obligó a suspender actividades en el Palacio Legislativo y la conclusión de este proceso hasta nuevo aviso.
La Jucopo también promovió la propuesta de presentar una controversia constitucional en contra de la decisión del INE para modificar su “Manual de Remuneraciones para los Servidores Públicos de Mando”, mediante el cual se mantienen los sueldos a pesar de las modificaciones aprobadas por la Cámara de Diputados en torno a los salarios y prestaciones que deberían recibir los servidores públicos y que en ningún caso deberían ser superiores a las percepciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Por primera ocasión en 94 años, la Cámara de Diputados se erigió como un órgano acusador dentro de un juicio político. El pleno de los legisladores aprobó acusar ante el Senado a la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, a quien acusan de actos y omisiones en perjuicio de la Hacienda Pública, por lo que podría ser sancionada con la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Los Diputados también aprobaron modificaciones a la Constitución Política, al incluir los programas sociales del presidente, Andrés Manuel López Obrador en la Carta Magna. Así las pensiones para personas adultas, becas para estudiantes y pensiones para personas con discapacidad, alcanzaron el rango de constitucionales y por lo tanto obligatorias para todos los gobiernos federales, sin importar el partido que los postuló.
Finalmente, otra ley que causó polémica fue la modificación a la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, con lo que se abre la posibilidad de rifar bienes propiedad de la nación, como el avión presidencial.
