De los Angeles a los Demonios

Dra. Denisse de los Angeles Uribe Obregón

Magistrada del H. Tribunal Superior de Justicia

 

El poder judicial y la justicia digital

 

En los últimos meses la humanidad ha vivido importantes transformaciones sociales como consecuencia de la emergencia sanitaria originada por el virus SARSCovid2 (Covid-19), tales cambios han repercutido en la manera en la que nos relacionamos con las demás personas y en la forma en la que llevamos a cabo nuestras tareas cotidianas.

Esta nueva realidad ha provocado que tanto el sector público como el privado tiendan puentes tecnológicos que permitan dar continuidad a las actividades de manera no presencial, sobre todo a aquéllas que han sido consideradas esenciales, como es el caso de la impartición de justicia, situación que ha representado un verdadero reto para el Poder Judicial, pues si bien antes de la pandemia existían antecedentes del uso de herramientas relacionadas con la tramitación electrónica de juicios de amparo a nivel federal y los denominados juzgados digitales a nivel local, el camino por recorrer para alcanzar de manera integral la justicia digital, se vislumbraba lejano.

La suspensión de actividades en los órganos jurisdiccionales como medida preventiva para limitar la propagación del virus y proteger el derecho humano a la salud, obligó al Poder Judicial de la Federación a acelerar el proceso de transición hacia la justicia en línea. El primer avance significativo en este rubro ocurrió el 13 de abril, fecha en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó que tanto el Pleno como las Salas, celebrarían sesiones a distancia mediante el uso de herramientas informáticas.

 

Debido a que la suspensión de actividades jurisdiccionales fue prorrogada, el Alto Tribunal se vio en la necesidad de adoptar nuevas medidas que garantizaran la impartición de justicia durante la emergencia sanitaria, en este sentido en el mes de mayo se emitieron los acuerdos generales plenarios 8/2020 y 9/2020, a través de los cuales se regula la integración de expedientes impresos y electrónicos, así como el uso del sistema electrónico para la promoción, trámite, consulta, resolución y notificación por vía electrónica en la totalidad de expedientes competencia de la Corte.

Mediante estos acuerdos la SCJN garantiza la integración de expedientes digitales, a fin de que las partes puedan promover, recibir notificaciones, consultar los expedientes e interponer recursos en línea, así como celebrar audiencias y comparecencias a distancia, valiéndose de la Firma Electrónica (FIREL) y de los certificados digitales autorizados.

Sin duda, el Poder Judicial de la Federación ha tenido un avance significativo en el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación para garantizar el acceso pleno a la justicia, los Poderes Judiciales Locales se encuentran obligados a transitar por la misma vía.

Por cuanto hace a nuestra entidad federativa, el pasado 28 de mayo se presentó ante el Pleno de la de la LXV Legislatura, una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo cuarto de la Constitución Política del Estado, en materia de justicia digital y para la utilización de medios electrónicos en la impartición de justicia.

La propuesta busca crear una base constitucional que favorezca la realización de los juicios en línea, lo cual implica que los procesos y procedimientos eminentemente escritos, también puedan substanciarse y resolverse en todas sus etapas, a través de las plataformas de internet bajo el principio de progresividad.

No obstante, además de adecuar el marco normativo, también se deberán diseñar plataformas innovadoras y eficientes que posibiliten el fácil acceso a los justiciables y sus representantes legales, las cuales deberán contar con todos los mecanismos de seguridad a fin de evitar incertidumbre jurídica.

Existen importantes áreas de oportunidad en este rubro, pues son muchas las ventajas que traería consigo la transformación digital, toda vez que incentivaría el ahorro y eficiencia de recursos públicos y privados, favoreciendo la realización de procesos judiciales más ágiles y menos burocráticos.

Nos encontramos frente a un nuevo paradigma que a su vez constituye un gran reto para los tribunales, tanto abogados como personal jurisdiccional debemos prepararnos para hacer frente a este desafío que tiene como finalidad optimizar los procesos de impartición de justicia.