“Es uno de los 11 estados del país considerados más problemáticos por el número de expedientes y mayores litigios laborales”: Jorge Martínez
Incluso en el mismo país la justicia será diferenciada.
El investigador Jorge Martínez Martínez habló sobre problemáticas de la Reforma Laboral.
José Luis Couttolenc Soto.
Por considerarse uno de los 11 estados más problemáticos por su mayor número de expedientes y litigios laborales, en Veracruz la Reforma Laboral entrará en vigor a partir de octubre de 2022, eliminando con ella las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA) para dar paso a la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Jorge Martínez Martínez, doctor en Derecho Público por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana (UV), ofreció la conferencia virtual “La conciliación prejudicial en la Reforma Laboral”, a invitación de la propia entidad universitaria.
El experto en la materia explicó que de acuerdo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal, la reforma publicada el 1 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación entrará en vigor en tres etapas: la primera, el 10 de octubre de 2020 en Baja California Sur, Chiapas, Tabasco, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas.
La segunda etapa iniciará en octubre de 2021 y comprende Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán; en la tercera etapa, prevista para octubre de 2022, entran Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, “estados considerados más problemáticos”.
Debido a esta calendarización, Martínez Martínez consideró que se van a enfrentar diversos problemas; en primer término, mencionó que el Artículo 1 constitucional señala que todos los individuos gozaremos de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna, y con la reforma el debido proceso es no sólo jurisdiccional sino que vuelve obligatoria la conciliación prejudicial hasta la ejecución, permitiendo que el justiciable –si ya ganó su caso– pueda hacer cumplir la resolución y llegar al resarcimiento (reinstalación, pagos y prestaciones ganadas en materia colectiva).
Otro problema que se vislumbra es que si una persona enfrenta un conflicto de trabajo en Chiapas podrá circunstanciar su caso allí mismo, pero si el conflicto se da en el estado de Veracruz el asunto lo deberán tratar las autoridades anteriores (JCA), las cuales deberán continuar trabajando en tanto no entre en vigor la reforma laboral.
“Encontrándonos en el mismo país la impartición de justicia será diferenciada, violando el debido proceso pues en el primer caso se dará competencia a un nuevo juez del Poder Judicial, y en otro estado no.”
Mientras no se regularice la vigencia de la Reforma Laboral en todos los estados del país, afirmó el docente de la Facultad de Derecho, será la JCA del estado la que siga funcionando y los asuntos pendientes –incluyendo el protocolo para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo– serán tema de la Junta de Conciliación del nivel federal.
Sin embargo, y con la finalidad de acercar la justicia laboral, el investigador opinó que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tendrá que desconcentrarse a las entidades federativas para continuar con el registro de contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores y lo relativo a la materia de conciliación.
