El secretario de Justicia, William Barr, ha autorizado a los fiscales federales de todo el país investigar “acusaciones sustanciales” de irregularidades en la votación antes de que se certifique la elección presidencial de 2020, a pesar de que hay poca evidencia de fraude.

La medida adoptada de Barr se anunció días después de que el demócrata Joe Biden derrotó al presidente Donald Trump en las urnas, y plantea la posibilidad de que Trump utilice al Departamento de Justicia para tratar de impugnar el resultado. La decisión le da a los fiscales la capacidad de desentenderse de la añeja política del Departamento de Justicia que normalmente prohibiría tales medidas antes de que la elección sea formalmente certificada.

Trump no ha reconocido su derrota, y en su lugar afirma sin pruebas que ha habido una conspiración multiestatal de los demócratas para sesgar el recuento de votos a favor de Biden.

Biden tiene una ventaja considerable en varios estados reñidos, y no ha habido indicios de suficientes votos mal contados o emitidos ilegalmente que cambien el resultado. De hecho, los funcionarios electorales de ambos partidos políticos han declarado públicamente que la elección salió bien, aunque ha habido cuestiones menores que son típicas en las elecciones, incluyendo fallas en algunas máquinas de votación y votos que fueron mal emitidos y perdidos.

En un memorando dirigido a los fiscales federales, el cual fue obtenido por The Associated Press, Barr escribió que las investigaciones “pueden llevarse a cabo si hay acusaciones claras y en apariencia creíbles de irregularidades que, de ser ciertas, pudieran afectar el resultado de una elección federal en un estado concreto”.

Los estados tienen hasta el 8 de diciembre para resolver las disputas electorales, incluyendo recuentos e impugnaciones judiciales sobre los resultados. Los miembros del Colegio Electoral se reúnen el 14 de diciembre para formalizar el resultado.