Estados Unidos no juzgará al general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa de Enrique Peña Nieto, acusado de tres cargos de narcotráfico y uno de lavado de dinero tras ser detenido en Los Ángeles el 15 de octubre. El Departamento de Justicia y la Fiscalía General de la República, FGR, han informado en un comunicado conjunto divulgado este martes que Washington pedirá a la jueza “que se desestimen los cargos penales contra Cienfuegos, para que pueda ser investigado y, en su caso, procesado de acuerdo con las leyes mexicanas”. El texto afirma que EE UU ya ha proporcionado a las autoridades mexicanas las pruebas que han reunido en el caso y se compromete a cooperar en las pesquisas locales.

Jefe del Ejército mexicano durante la Administración del PRI (2012-2018), Cienfuegos fue detenido después de haber aterrizado en el aeropuerto de la ciudad californiana. La oficina de la Fiscalía en el distrito este de Nueva York lo acusó de conspirar para traficar heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas al norte del río Bravo, además de lavar el dinero derivado de estas operaciones ilícitas. El general se había declarado inocente hace unos días y aguardaba la siguiente audiencia, fijada para este miércoles a las 10 de la mañana, hora de Nueva York.

En el comunicado divulgado la tarde del martes se explica que el Departamento de Justicia “ha proporcionado a México pruebas en este caso y se compromete a continuar la cooperación, dentro de ese marco, para apoyar las investigaciones que realicen autoridades mexicanas”. De acuerdo a la justicia estadounidense, parte de las pruebas son miles de mensajes de Blackberry, intercambiados entre Cienfuegos e integrantes de la red de traficantes de droga del H-2, que operaba en la costa norte del Pacífico en México. Según la acusación, Cienfuegos apoyó al cartel del H-2 al menos entre diciembre de 2015 y febrero de 2017.

La decisión ha sorprendido a ambos lados de la frontera, sobre todo por el sigilo con que las autoridades estadounidenses habían conducido la investigación contra el general. Las autoridades mexicanas parecieron sorprendidas por la detención de Cienfuegos. Incluso el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció que pediría información al Gobierno del país vecino: “Vamos a ver qué es lo que hay sobre esto, y sí vamos a solicitar a Estados Unidos que nos permitan conocer sobre estas operaciones de complicidad en el caso de que se tengan las pruebas”.

En el comunicado, las partes señalan que la FGR abrió “su propia investigación una vez que se tuvo noticia sobre la detención y los cargos imputados por autoridades estadounidenses al general”. En México no se sabe de momento qué alcance han tenido las investigaciones contra Cienfuegos.

“Una de nuestras máximas prioridades tiene que ser destruir los cárteles mexicanos” decía el pasado abril en la Casa Blanca el fiscal general de EE UU, William Barr. “Su actividad es en buena medida responsable de la muerte de 70.000 norteamericanos al año, como todos sabemos. Y este coste no incluye las familias y las vidas destruidas, el gasto para nuestra riqueza nacional por el peso aplastante que el narcotráfico supone para los presupuestos estatales”.

El propio Departamento de Justicia había dicho en un escrito al juez que Cienfuegos no podía ser ni siquiera puesto en libertad condicional por el altísimo riesgo de fuga que representa. El juez de Los Ángeles se convenció de estos argumentos cuando lo mantuvo en prisión incondicional. Según la fiscalía, sus extensos contactos con el crimen organizado en México hacía casi seguro que eludiría la justicia. Ahora, será enviado a México por decisión de ese mismo Departamento de Justicia.

Cienfuegos tenía que comparecer en una nueva audiencia mañana miércoles ante la juez Carol B. Amon, del distrito de Brooklyn, Nueva York. Se espera que sea en esta audiencia cuando Estados Unidos retire los cargos contra él.