09 Ago. 2021

Finalmente. Afortunadamente. El tsunami de López Obrador se estrella contra muros de contención que no puede derrumbar. El oleaje furioso que parecía capaz de arrasar con todo es canalizado por diques agrietados pero resilientes. En los últimos tiempos, hemos presenciado cómo el INE, el Inegi, el Coneval, la Suprema Corte, e incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación intentan hacer la labor que les corresponde. Organizar elecciones y consultas, recolectar datos duros y diseminarlos, medir la pobreza y el impacto de la política social, darle vida a la Constitución y respetarla, asegurar que la justicia electoral logre existir al margen de presiones políticas. De distintas formas y en diferentes grados, la institucionalidad intenta limitar la discrecionalidad. Algunos alzan la cabeza, pierden el miedo, sacan la casta y recuerdan que las reglas también aplican para el Presidente. Quizás AMLO se sienta rey en un castillo, pero las instituciones no son su feudo, ni los ciudadanos sus súbditos.

Las instituciones que tanto denuesta le están dando lecciones que ojalá entienda. Las instituciones que a diario desprecia le están impartiendo cátedra de por qué y para qué existen y no es sólo para acatar la voluntad presidencial. El poder en una democracia se comparte, se vigila, se descentraliza y genera contrapesos para frenar la tentación autoritaria. El PRI cayó en ella, el PAN no logró desmantelarla, y Morena ahora la resucita, encarnándola en un solo hombre. Alguien que sabe arengar pero no institucionalizar. Alguien que entiende cómo movilizar pero no cómo gobernar. Alguien que no comprende los límites de la investidura presidencial, pensándola omnipotente, creyéndola ubicua. Y ahora el andamiaje institucional que la transición construyó está cercándolo.

El INE le recuerda a López Obrador que si quiere consultas populares, debe someterse a los procedimientos legales, y aceptar cuando las pierda. La Suprema Corte le advierte que no tiene el apoyo interno para extender inconstitucionalmente el periodo de Zaldívar, y el ministro se ve obligado a recular. El Inegi y el Coneval le dicen que los programas sociales de su gobierno no están disminuyendo la pobreza. El Tribunal electoral manda un mensaje de rebelión interna ante el liderazgo insostenible de un magistrado arrodillado ante Palacio Nacional. He ahí señales de una autonomía con frecuencia inerme, ahora robustecida. Una autonomía antes abatida, ahora resucitada. La institucionalidad deslucida parece revivir, ante los esfuerzos de acabar con ella.

Ante esa toma de postura, la respuesta del Presidente es tan predecible, como caricaturizable: que si «los ministros conservadores del viejo régimen», que si «los que no quieren combatir la corrupción», que si él «tiene otros datos», que si «juicio político» a los consejeros electorales. La cantaleta de siempre, exhibida como lo que es: un diagnóstico simplón diseñado para alimentar la fe de sus fieles, pero poco más. La Cuarta Transformación es una narrativa, no es un gobierno. Los moralmente superiores resultaron operativamente incompetentes. La mafia en el poder no fue eliminada, sólo rotó de manos o se quedó en las mismas. Y López Obrador no es invencible, no es infinito, no es imbatible.

La elección reciente lo demuestra, la consulta popular lo reafirma. Los ciudadanos no son imaginarios. Existen y exigen y reclaman y ejercen votos de castigo. Aprecian al Presidente pero desaprueban su gobierno, cada vez más. Hoy -según revelan las encuestas- la población confía más en el INE que en AMLO. El Presidente es querido, pero ya no es tan temido. Lo que parecía una armadura lustrosa e impenetrable comienza a mostrar abolladuras. Lo que parecía un gobierno meta-sexenal tiene ya fecha de caducidad.

Y hoy, las instituciones imperfectas, insuficientes, pero indispensables de la transición democrática están reivindicando su sentido fundacional. Están reconfirmando que fueron diseñadas para apoyar el tránsito de un sistema de partido hegemónico a un sistema multipartidista. Para impulsar elecciones libres, justas, con árbitros confiables. Para proveer datos verificables con los cuales medir y corregir la política pública. Para asegurar el tránsito de la Presidencia imperial a la Presidencia acotada. Ahora erigen diques democráticos alrededor del hombre que quiere ser rey, pero es sólo un Presidente más.