La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la elección de la Gubernatura de Campeche, con lo que ratificó el triunfo de Layda Sansores, quien mañana asumirá el cargo.
Al declarar infundadas e inoperantes diversas denuncias como relleno de urnas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la elección de la Gubernatura de Campeche, con lo que ratificó el triunfo de Layda Sansores, quien mañana asumirá el cargo.
Tras el recuento total de votos de dicha elección del 5 junio, la magistrada Janine Otálora presentó y fueron aprobados por unanimidad en la sesión de este martes de la Sala Superior, tres proyectos de resolución, para la anulación de la votación en 18 casillas, la recomposición de los resultados del recuento total y el cómputo final de la elección de la gubernatura del Estado de Campeche, en favor de Layda Sansores.
«Se desestiman los escritos de incidencias presentados durante la diligencia de recuento; se emite el resultado de la suma de los cómputos distritales de la elección de la gubernatura del Estado de Campeche; se determina el cómputo final de la Gubernatura del Estado de Campeche. Se confirma la declaración de validez de la elección a la Gubernatura del Estado Campeche», declaró el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón.
La magistrada Janine Otálora dijo que se declaró infundada la denuncia que presentó Movimiento Ciudadano y su candidato a la Gubernatura, Eliseo Fernández, en el sentido de que promotores de Morena rellenaron urnas el día de la elección en favor de su candidata. Dijo que también se declararon inoperantes los agravios que denunció ese mismo partido sobre el uso de la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador en la campaña de Sansores.
En la recomposición del cómputo de votos, la coalición Morena-PT obtuvo 138,922 votos; y en segundo lugar el candidato de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández con 133,420 sufragios. En tercer lugar quedó el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, Christian Castro Bello.
El magistrado José Luis Vargas agradeció a los funcionarios de las Salas Especializadas y Regional Xalapa por el recuento total de votos que realizaron en Campeche. «Eso despejó cualquiera lugar a dudas en aspectos como embarazo de urnas, boletas falsas y diferencias relevantes en la votación con respecto a otras elecciones que ahí se suscitaron», dijo. Indicó que tras el recuento total se mantuvo la votación mayoritaria en favor de Morena-PT, con una diferencia de 6,468 votos respecto al segundo lugar, en este caso Movimiento Ciudadano.
Sin embargo, el magistrado Vargas consideró que no existió una intervención indebida del titular del Ejecutivo federal como planteó el proyecto aprobado, debido a que el mandatario federal realizó visitas al Campeche en periodo de precampaña, campaña y veda electoral.
Aunque admitió que «los actos mencionados pudieron actualizar una irregularidad», dijo que «estos hechos son insuficientes para estimar que se puso en riesgo la validez de la elección».
El proyecto aprobado aseguró que los propios datos de Movimiento Ciudadano evidenciaron que el número mayor de votación se encuentra en la elección a las diputaciones locales, por lo que no justifica de manera objetiva cómo tal discrepancia evidencia el supuesto fraude alegado en la elección a la gubernatura y el embarazo de urnas.
“La Sala Superior advierte que el partido actor no combate de manera frontal los resultados de la elección a la gubernatura, ya que el Tribunal local acertadamente refirió que aún en el supuesto de que se adicionara la diferencia de votos al candidato que obtuvo el segundo lugar de votación, el resultado no variaría porque la Coalición «Juntos Haremos Historia en Campeche» conservaría el primer lugar”, sostuvo.
El cambio de gobierno en Campeche está previsto para el primer minuto del 15 de septiembre.
La magistrada Janine Otálora dijo que la publicación de los proyectos de la elección para Gubernatura de Campeche, abona a la transparencia.
“Lo anterior, en el entendido de que la transparencia institucional abona sustancialmente a la certeza y seguridad de los justiciables, así como de la ciudadanía en general”, dijo.
jorge.monroy@nulleleconomista.mx
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