A pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que por cada peso que se invierte en prevención de desastres se ahorran hasta 10 en reconstrucción, México invierte 23 veces más en la reconstrucción y atención a catástrofes que en prevenirlas.

De acuerdo con las cifras nominales de los presupuestos de egresos de la federación, en los últimos 10 años, México destinó en promedio 7,847 millones de pesos anuales al Fondo de Desastres Naturales (Fonden), mientras que al Fondo Nacional para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden) 323 millones.

Eso quiere decir que, en cifras nominales, el presupuesto destinado a la prevención significó 4.11% del destinado a la atención de desastres.

Si bien el 16 de agosto pasado el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el acuerdo que establece los lineamientos del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales, que, en la práctica, sustituyen las reglas de operación del Fonden, vigentes entre el 3 de diciembre de 2010 y el 27 de julio pasado, cuando se emitió el acuerdo por el cual se abrogaron. Aunque un artículo transitorio de un decreto del 6 de noviembre de 2020 establecía ya que, desde el primero de enero de 2021, el Fonden no asumiría compromisos adicionales a los adquiridos previamente y lo extingue a partir del 30 de junio de 2021. Tanto el Fonden como el Fopreden aparecen en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022.

Para el Fonden se contempla un presupuesto de 9,054 millones de pesos, es decir, 330.65 millones más que lo ejercido el año pasado (a precios corrientes), mientras que para el Fopreden 207 millones de pesos, una cifra ligeramente superior a la del año pasado.

En el discurso del gobierno federal, desaparecer ambos fondos es una decisión tomada, sin embargo, algunos partidos de oposición no sólo han criticado esa determinación, sino que, en el caso del Partido Acción Nacional (PAN), al inicio de la actual legislatura de la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa mediante la cual se pretenden reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Protección Civil, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios y Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de los fondos sobre desastres naturales, con el fin de contar con un instrumento presupuestal para hacer frente a ese tipo de eventos.

De acuerdo con cifras del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), durante los últimos 21 años, entre 2000 y 2020, se registró la muerte de 10,626 personas debido a desastres naturales, lo cual indica un promedio de 506 cada año y daños materiales por 576,311 millones de pesos, es decir un promedio anual de 27,443 millones de pesos.

Si se analizan las cifras a precios corrientes de la evolución del valor calculado de los desastres ocurridos en México entre 2000 y 2020, se observa que 2010 y 2017 fueron los más costosos para el país en la materia. Durante 2010, los huracanes Alex, Karl y Matthew afectaron fuertemente el territorio nacional, dejando como saldo más de 92,300 millones de pesos. Para 2017, los sismos de septiembre (ocurridos los días 7 y 19), causaron grandes estragos en la población y en la infraestructura del país con más de 88,400 millones de pesos en daños y pérdidas.

El año pasado, estuvo marcado por eventos puntuales que fueron muy significativos, el monto de los daños y pérdidas, considerando desde el año 2000 a la fecha, representa la octava mayor cifra con 31,862 millones de pesos, esto refleja un incremento de más de 202% con respecto al año anterior y equivale a 0.14 % del PIB de 2020. Todo esto en 435 eventos distintos.

Según el análisis “Impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en México” (en 2020), elaborado por el Cenapred, algo que es una constante en prácticamente todos los años, salvo aquellos donde los desastres de origen geológico son muy importantes como en 2017, es que las calamidades de origen hidrometeorológico son las que reportan la mayor cantidad de daños y pérdidas.

En 2020 esto no fue una excepción, casi 83.4 % del valor de las afectaciones totales fue generada por este tipo de desastres, refiere.

Se estima que 40% del territorio mexicano y más de una cuarta parte de la población se encuentra expuesto a tormentas, huracanes e inundaciones.

Según cifras de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de septiembre de 2020 a junio de 2021 se emitieron 49 declaratorias de emergencia en 12 entidades federativas, con lo cual se apoyó a 703,483 personas con suministros de auxilio, cuyo costo ascendió a 1,167.8 millones de pesos.

Asimismo, se emitieron 37 declaratorias de desastre que afectaron a 384 municipios de 15 entidades federativas.

Durante el primer trimestre de 2021 se realizaron pagos de pasivos por más de 1.1 millones de pesos, que fueron destinados a la atención de emergencias en Baja California Sur, Chiapas, Colima, Coahuila, Durango, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Por otra parte, la iniciativa de ley panista antes citada señala que tan solo en materia de sismos, los registros indican que ocurren anualmente más de 90 con magnitud superior a los 4 grados.

Tan sólo el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017 ocasionó la muerte de 245 personas.

Además, destaca que en México no se cuenta con una buena identificación de las vulnerabilidades de la población debido a que solo 393 de los 2,446 municipios cuentan con atlas municipal de riesgos, es decir sólo 16 por ciento.

También enfatiza que la mayoría del territorio nacional los gobiernos planean y despliegan la protección civil utilizando atlas de riesgo que tienen hasta 12 años de antigüedad.

Por ello, la única vía para reducir los costos de la recuperación es invertir en prevención.

diego.badillo@nulleleconomista.mx

Foto en «Excélsior».