Se aprobó la ampliación de contratos para revisión de firmas y se acordó reducir en un 50 por ciento apoyo a consejos locales y distritales.
JANNET LÓPEZ PONCE.
La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) realizó ajustes a la Cartera Institucional de Proyectos para continuar con las actividades de organización de la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras el consejero presidente Lorenzo Córdova acusó un diseño legal “precario y deficiente” que exige estándares de un proceso electoral con la tercera parte del tiempo.
Pese a la insuficiencia presupuestal, pero en acatamiento a las órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Junta General Ejecutiva aprobó varios ajustes para seguir con el proceso de revocación de mandato conforme al calendario previsto, luego de que se revocara el acuerdo aprobado en diciembre con el que buscaban posponer las actividades hasta que se solventara el boquete presupuestal de dos mil 300 millones de pesos.
Entre los acuerdos, destacan destinar ocho millones de pesos para dar continuidad a 700 plazas que habrían sido contratadas de septiembre a diciembre para la organización, y 4.4 millones de pesos para el pago de 457 personas que del 1 al 31 de enero continuarán con la revisión de más de nueve millones de firmas entregadas en formatos impresos.
Los directivos de las áreas técnicas explicaron que se trata de transferencia de recursos entre partidas, sin la necesidad de una ampliación presupuestal, hasta estos momentos.
También aprobaron 1.2 millones de pesos para la contratación de 84 plazas para realizar actividades en mesa de control y garantías de audiencias para que las y los promoventes acudan a revisar aquellas firmas que tuvieron inconsistencias, así como para el pago de pasaje terrestre y alimentos para la verificación a domicilio de una muestra de las personas que, aparentemente, dieron su apoyo para este ejercicio.
Y avalaron continuar con los trámites de licitación para la compra del material electoral, que, aclararon, sigue contemplando los mismos elementos de seguridad que en un proceso electoral, con un presupuesto de 37 millones 232 mil pesos.
Otro punto autorizado fue la actualización de fechas de operación de consejos locales y distritales del 3 de enero al 30 de abril, así como reducir el apoyo financiero a quienes participen en éstos, al 50 por ciento “atendiendo a la austeridad”.
Diseño legal para revocación es precario y deficiente, acusa Córdova
El consejero presidente Lorenzo Córdova fue insistente en que se trata de “tiempos inéditos” en los que el INE avanza pese a las deficiencias presupuestales, además de estar a contrarreloj, pues se les exige cumplir con los estándares de una elección federal pero les dan la tercera parte del tiempo para hacerlo.
“Para hacer un proceso electoral, y de acuerdo con lo que dice la ley la revocación de mandato es como un proceso electoral, este Instituto normalmente cuenta para ese proceso con nueve meses y para la revocación de mandato por un diseño legal muy precario y deficiente, y seguramente habrá una reforma para mejorar muchos de los errores del diseño legal que están implícitos, incluso hasta se discutirá si es pertinente o no esta figura en el futuro; pero a diferencia de un proceso electoral este ejercicio por cómo se diseñó con el legislador, solamente le da a esta institución un plazo, en el mejor de los casos, de apenas tres meses”.
Señaló que es tan deficiente el diseño de la ley, que en estos momentos el INE está destinando recursos para un ejercicio que ni siquiera se tiene certeza que se realizará, pues, como destacó la Corte, hasta no saber si se logran las más de 2.7 millones de firmas necesarias, se trata de un hecho de realización incierta.
El secretario Ejecutivo del Consejo General del INE, Edmundo Jacobo, recalcó que pese al “marco de incertidumbre en el que todavía estamos trabajando”, la autoridad electoral sigue con el proceso y acata las órdenes de la SCJN y del TEPJF.
“Aún falta por definirse con cuántos recursos vamos a contar y si el modelo legal es el que vamos a terminar aplicando, pero dadas estas decisiones de los órganos jurisdiccionales y del Consejo General que activan la estrategia de capacitación, así como el plan y calendario de revocación de mandato. Pero estamos viviendo momentos inéditos con plazos extremadamente cortos para poder operar”.
Y adelantó que tendrán que darse más ajustes, pues, “conforme se vaya dando certeza de cómo vamos a operar, estos proyectos necesitarán adecuación de recursos, o bien, cancelación de recursos”, una vez que la Corte determine en qué dimensión debe realizarse esta consulta.
«Si, como lo indica la ley, al mismo nivel que una elección federal, con alrededor de 162 mil casillas y, para ello, la Secretaría de Hacienda tendrá que entregar los recursos necesarios para alcanzar los 3 mil 800 millones de pesos que esto cuesta; o, por el contrario, si les autoriza violar la ley y reducir la dimensión hasta donde los mil 500 millones de pesos disponibles alcancen».
Foto de Cuartoscuro en Excélsior.
