Esta noche se celebró una audiencia en el CJPF adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en donde un juez autorizó el cambio de medida cautelar, por lo que continuará su proceso desde su domicilio.
Gerardo Sosa Castelán, ex presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), recuperó esta noche su libertad, después de un año cinco meses de permanecer en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
Funcionarios judiciales revelaron que un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez autorizó el cambio de medida cautelar por la de arraigo domiciliario, por lo que deberá portar un brazalete electrónico.
La audiencia se celebró esta noche a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), debido a su precario estado de salud.
Sosa Castelán continuará enfrentando desde su domicilio el proceso que se le sigue por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 200 mil pesos.
El ex director del patronato estaba recluido desde el 31 de agosto de 2020, tras ser detenido y vinculado a proceso.
El pasado 21 de enero, la FGR pidió el cambio de medida cautelar, “motivando la pretensión en la salvaguarda de la salud e integridad del imputado”.
Por acuerdo del mismo día, el juez de control requirió a la FGR para que le remitiera, en cinco días hábiles a partir de su notificación, una constancia que acreditara la autorización del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, o del funcionario en que se delegue dicha facultad, conforme al antepenúltimo párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
El citado artículo establece que el juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad o bien, cuando exista voluntad de las partes para celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de alguno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna del procedimiento.
El año pasado, Gerardo Sosa dijo que padecía hipertensión y ha sufrido preinfartos, por lo que pidió que se le suministraran medicamentos y practicaran estudios de laboratorio.
En septiembre de 2020, Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, lo vinculó a proceso, junto con María Luisa Montalvo Sierra, María Cruz Campos Álvarez y Juan Manuel Hernández Gayosso.
La FGR los imputó por supuestamente utilizar una empresa fachada para esconder recursos de la mencionada casa de estudios.
De acuerdo con la causa penal 263/2020, a través de las empresas Contabilidad del Siglo XXI, Pachuca Sociedad Civil, se triangularon 58 millones 200 mil pesos, entre 2011 y 2018.
Los recursos fueron a parar, según la investigación de la FGR, a la empresa Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo S.A de C.V; Contabilidad Automatizada Hidalgo SC y la compañía Eficiencia en Negocios y Asociados SC.
Según la dependencia federal, las mencionadas personas utilizaron a la “empresa fachada” Contabilidad del Siglo XXI, Pachuca Sociedad Civil, para ocultar el origen de los 58 millones 200 mil pesos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Los fondos de la mencionada casa de estudios forman parte de aportaciones federales y estatales.
