La presión que ejercieron las armadoras de automóviles contra la Cámara de Diputados obligó a suspender la sesión, donde se discutiría la Ley General de Movilidad, que busca exigir que sus vehículos nuevos cumplan con estándares internacionales de seguridad.
Actualmente, explica el dictamen a revisión en San Lázaro, hay una alta permisibilidad en el diseño, fabricación y comercialización de autos de baja seguridad, que son inseguros no solo para sus ocupantes, consumidores, peatones, ciclistas y motociclistas.
En ese sentido, se plantea que las autoridades competentes, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, deberán establecer un sistema de evaluación de vehículos nuevos, independiente de fabricantes y concesionar
