El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional todo el sistema que regula el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), por considerar que vulnera la privacidad de los datos personales.

Durante la sesión de este lunes, el pleno sometió a discusión el proyecto elaborado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, respecto a las acciones de inconstitucionalidad 82/2021 y su acumulada 86/2021, promovidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y 48 senadores de la LXIV Legislatura.

Lo anterior, en contra del decreto por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación en abril del año pasado.

En su demanda, el INAI expuso que la reforma impugnada vulneraba diversos derechos, relacionados con la privacidad y protección de datos personales, al ordenar la creación del Panaut.

Con la creación del Panaut se buscaba hacer obligatorio a que toda persona con un celular entregara datos personales como nombre y dirección, así como biométricos, con los cuales se integraría dicho padrón de usuarios.

El mismo tenía como objetivo contar con un registro de todos los usuarios de telefonía móvil con el fin de inhibir la comisión de delitos que utilizan estos dispositivos para amenazar, extorsionar, secuestrar y cometer otros ilícitos.

Durante el debate los ministros coincidieron en que la creación del Panaut no resultaba la medida más adecuada para combatir la actividad criminal que ya se señala

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá planteó que ceder la información representaba un peligro para la seguridad de los usuarios y fue el primero en señalar que como antecedente de la falla que podría representar la creación de de éste padrón se tenía al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut).

El Renaut fue implementado durante el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, en 2009, y cuya información de usuarios recopilada terminó en el mercado ilegal, por lo que se determinó su cancelación tres años después.

“Contrario a lo esperado, el Renaut puso mayor riesgo a los usuarios de telefonía móvil y al filtrarse por eso se destruyó; sin embargo esta base de datos ya se encontraba en el mercado ilegal en nuestro país y, como el genio de la botella de los cuentos infantiles, una vez que se pierde el control sobre los datos personales es prácticamente imposible recuperarlos”, señaló.

Con el punto coincidieron los ministros Luis María Aguilar Morales y el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quienes expusieron, además, que la medida no podría garantizar el cumplimiento del objetivo de identificar a quienes cometan algún ilícito a través de las líneas telefónicas, pues resulta poco probable que un criminal actúe desde un dispositivo del que ha proporcionado información que permita su identificación y localización.

En este sentido, el ministro Jorge Pardo Rebolledo señaló la incongruencia del objetivo de la creación de este padrón con la forma en la que operan los criminales, pues afirmó que su planteamiento «es desconocer la manera en cómo actúa la delincuencia en nuestro país, pues seguramente encontrarán otra vía para burlar estas medidas también».

En tanto, las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Ana Margarita Ríos Farjat coincidieron al señalar que los dispositivos y venta de chips del sistema de prepago son aquellos que representan un riesgo contra la seguridad, pues sobre ellos no hay algún contrato que regule a quién pertenecen los celulares y líneas telefónicas.

Esquivel Mossa precisó que las normas que regulan el padrón son sobre inclusivas, porque de manera generalizada ordena el registro de todos los usuarios de la telefonía móvil, inclusive, mediante la recopilación de sus datos biométricos, sin tomar en cuenta que los de plan tarifario están plenamente identificado.

Agregó que el registro debería ser identificar a aquellos de prepago, que son los que cometen los delitos escondidos en el anonimato, ya que los distribuidores los venden a cualquier persona sin identificar al comprador de esas tarjetas SIM.

Por ello, propuso exhortar al Congreso de la Unión para que legisle respecto a que sean los distribuidores y concesionarios los que registren a los usuarios de prepago.

Los ministros que votaron a favor de la invalidez parcial fueron Alberto Pérez Dayán y Ana Margarita Ríos Farjat y se espera que el estudio del asunto continúe en la siguiente sesión, durante la cual se fijarán los efectos de la invalidez.

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