TEPJF declaró la invalidez del ejercicio de Revocación de Mandato al no haberse alcanzado el 40 por ciento de la participación, que establece la Constitución.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró la invalidez del ejercicio de Revocación de Mandato al no haberse alcanzado el 40 por ciento de la participación, que establece la Constitución.
En sesión pública, los integrantes de la Sala Superior confirmaron, por unanimidad que en la jornada del 10 de abril participaron 16.5 millones de ciudadanos, equivalentes a 17.7 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, por lo que no ha lugar a la emisión de la declaratoria de validez.
Además, resolvieron los juicios presentados por Ulises Ruiz, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, PT y Morena, en los que reclamaron la nulidad del proceso, así como el cómputo realizado por el Instituto Nacional Electoral.
Los magistrados electorales concluyeron que no es viable anular el proceso electoral, debido a que como no se alcanzó el porcentaje de participación que fija la Carta Magna, no se genera algún fin jurídico.
El magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón planteó las lecciones que dejó este ejercicio, ya que, en principio, el Congreso de la Unión incurrió en una omisión al emitir de forma tardía la Ley Federal de Revocación de Mandato, lo que tuvo como consecuencia que se tuvieran que ajustar en diferentes momentos los lineamientos del INE para responder a las problemáticas jurídicas.
Además, observó la emisión del decreto sobre propaganda gubernamental por parte del Legislativo, lo que generó múltiples controversias y cuestionamientos sobre su constitucionalidad.
Rodríguez Mondragón señaló que también se presentaron 322 quejas en las que, entre otras conductas, se denunció el uso indebido de recursos públicos y de procedencia ilícita, así como la vulneración a los principios de imparcialidad y equidad por parte de distintos servidores públicos e irregularidades relacionadas con el día de la jornada.
“Para garantizar el Estado de derecho se propone dar vista con las demandas a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, a la Sala Especializada de este Tribunal, y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. El objetivo es que, en el ámbito de sus atribuciones, estas autoridades que son competentes para conocer, investigar y, en su caso, sancionar las conductas denunciadas, lo hagan”, señaló Rodríguez Mondragón.
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña observó que es de llamar la atención la existencia de las conductas de servidores públicas que pusieron en riesgo el modelo de comunicación de política en la revocación de mandato, y que, particularmente, en 15 casos el INE tuviera que declarar el incumplimiento de las medidas impuestas ante la “actitud contumaz” de los funcionarios de hacer caso omiso de las determinaciones de la autoridad administrativa.
“Pone en evidencia una marcada actitud de diversos actores políticos y personas servidoras públicas al no acatar las decisiones de la autoridad, ni cumplir el marco normativo, las decisiones que se toman dentro de las instituciones, en este caso el TEPJF, son producto de una deliberación colegiada, basada en el conocimiento y principalmente en la ley.
“No se puede hacer patria, sin que primero se haga justicia y para hacer justicia se necesita respetar las leyes, más allá de su imperfección, más allá de que la sanción no conste expresamente en la norma”, manifestó.
Al respecto, la magistrada Janine Otálora Malassis, aseveró que a los integrantes del TEPJF les corresponde asegurar que estas malas prácticas no se repitan en futuros procesos electorales.
“Pensamos que nuestra democracia estaba blindada y aparecen hoy figuras fraudulentas del pasado, por ello lo que hoy estamos decidiendo es la vía para evitar que la integridad de futuros procesos electorales esté en riesgo.
“Las irregularidades denunciadas en diversas casillas, en caso de acreditarse, serían la advertencia del debilitamiento de nuestras instituciones y ameritarían un enérgico llamado a todos los actores políticos a defender las conquistas por las que se ha luchado por la ciudadanía en busca de un país democrático respetuoso de la Ley”, manifestó.
