La semana que recién concluyó, mientras se desarrollaba la IX Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, California, donde el gobierno de Estados Unidos buscaba acuerdos para frenar los flujos migratorios, la ciudad de Tapachula, donde durante los últimos tres años el gobierno mexicano ha decidido contener a los extranjeros que buscan llegar a la frontera norte del país, comenzó a desbordarse: una columna de alrededor de 10,000 venezolanos, cubanos, centroamericanos y africanos avanzó rumbo a la frontera norte del país, con el objetivo de ingresar a territorio estadounidense.

La caravana de extranjeros, que para el viernes ya se había fragmentado sobre las carreteras del sur del país, es la manifestación de un problema mayor. De acuerdo con la organización dedicada a la investigación sobre derechos humanos en América, WOLA, académicos y especialistas consultados por este periódico, los prolongados tiempos de espera a los que obligan a los migrantes que buscan se les reconozca la condición de refugio, así como la decisión de la autoridad de contenerlos en el sur del país, generó una crisis humanitaria.

Huyen de las violencias

Carlos Alberto González Zepeda, miembro del Grupo de Investigación del Seminario en Estudios Multidisciplinarios sobre Migración Internacional (GI-SEMMI) en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Cuajimalpa, comentó que se trata de una crisis humanitaria que tiene su origen en el desplazamiento de decenas de personas de países donde hay situaciones difíciles, de las cuales viene huyendo.

“En años pasados se hablaba de una situación eminentemente laboral, pero en los últimos tiene que ver particularmente con la violencia que priva en sus países de origen, tanto la propiciada por organizaciones criminales como la causada por el Estado. Eso los obliga a escapar para sobrevivir”, explicó.

Por su parte Alejandra Macías Delgadillo, directora ejecutiva de Asylum Acces, llamó la atención que en la mayoría de los casos de las personas que han ingresado a México en los últimos meses, son personas que buscan protección internacional.

“Están huyendo de sus países por los contextos de violencia que padecen. Por ello, es muy importante que el gobierno mexicano tenga protocolos para poder identificar a quienes puedan calificar para obtener la condición de refugiado”, recalcó.

La especialista recordó que el gobierno mexicano ha asumido compromisos específicos en esa materia, al ratificar convenios y tratados internacionales, como la convención de 1951, que obliga a los gobiernos a garantizar el principio de no devolución a un país donde su vida estuviera en riesgo.

“En la práctica esto no se está llevando a cabo, porque quienes están haciendo las detenciones son tanto la Guardia Nacional como el Instituto Nacional de Migración, quienes no cuentan con estos protocolos y no dan acceso al procedimiento y, por lo tanto, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) no puede hacer una evaluación de quienes sí pueden ser reconocidos como refugiados o bien sujetos de la protección complementaria”.

La reconocida activista dijo que es necesario tener claro que las personas refugiadas son aquellas que se ven obligadas a salir de sus países de origen, debido a una situación de gran violencia o persecución. Los motivos de huida pueden ser políticos, religiosos, nacionalidad, raza, pertenecer a determinado grupo social o bien para escapar de situaciones de violencia generalizada o violación masiva de derechos humanos.

Recordó que es un derecho humano solicitar asilo; el problema es que a quienes lo necesitan no se les garantiza el derecho.

Macías Delgadillo enfatizó que la prolongada espera en el sur del país afecta a esas personas no solo físicamente, sino también en su bienestar emocional, por la incertidumbre en la que viven.

Para la activista, eso se traduce en una violencia institucional del gobierno mexicano al colocar a estas personas en una grave situación de riesgo constante

En Tapachula se cuentan por miles los migrantes varados

Lo que se vive hoy en Tapachula y, que según activistas está llegando a una situación insoportable, comenzó a gestarse hace varios años. En 2017 comenzó a notarse un incremento en la llegada de migrantes, particularmente solicitantes de asilo y luego tuvo un crecimiento exponencial en 2019.

Si bien no hay un censo de los migrantes que permanecen en Tapachula, Chiapas, donde abundan en plazas, los datos oficiales sobre los solicitantes de asilo permiten darnos una idea de la dimensión del problema.

En 2017, la Comisión de Ayuda a Refugiados (Comar) registró 70,327 solicitudes de asilo, cuando en 2018 atendió 29, 574, lo que significa un incremento de 138%. Con la pandemia bajó a 40,945, pero, para 2021, la cifra fue realmente dramática, pues ese año se registraron 130,627 solicitantes, lo que representa un incremento de 342%, si se compara con 2018. Si se coteja con 2013, cuando se atendieron 1,296 solicitudes entonces aumentó alrededor de 100 veces.

En 2021, la Comar resolvió 38,054 casos de asilo, con una tasa de otorgamiento de 72% o 74% si se toma en cuenta la llamada protección complementaria.

El problema es que hay un rezago en la revisión de las solicitudes de asilo, además de que se siguen incrementando. Tan solo de enero a abril de 2022, se recibieron 40,026 solicitudes.

Si bien la ley dice que en un plazo de 45 días hábiles se les debe dar respuesta, en realidad tardan meses y los solicitantes son obligados a permanecer en la ciudad donde hicieron la solicitud.

Pero ese es solo uno de los elementos que ha generado el problema.

La Guardia Nacional los contiene en Chiapas

El 20 de marzo de 2020, durante el gobierno del presidente Donald Trump, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron una orden de salud pública conocida como Título 42, con el objetivo de contener la propagación de la pandemia de la Covid-19. Eso permitió a los agentes de la Patrulla Fronteriza (USBP, por sus siglas en inglés) detener y enviar inmediatamente a México a las personas que intentan cruzar sin visa a ese país. A los no mexicanos los regresan a México con el argumento de que el Título 42 señala que deben ser devueltos al país de último tránsito.

Eso, además de incrementar el número de migrantes en la frontera norte, ha mandado la señal a los que apenas van entrando a Chiapas que es difícil cruzar y entonces tratan de buscar asilo en México.

Pero no es solo la decisión de los migrantes de esperar, sino que hay una clara intención del gobierno mexicano de contener a los migrantes en el sur del país a través de la Guardia Nacional.

Según el informe “Luchando por sobrevivir: la situación de las personas solicitantes de asilo en Tapachula, México” realizado por Stephanie Brewer, Lesly Tejada y Maureen Meyer de Wola, hasta finales de abril de 2022, había 28,542 elementos militares desplegados en  funciones de control migratorio en las fronteras de México. Los datos disponibles sugieren que las fuerzas militares, en particular el Ejército y la Guardia Nacional, llevan a cabo o colaboran en la mayoría de las detenciones migratorias en el país, privando de la libertad a cientos de miles de migrantes en los últimos años.

Adicionalmente, de acuerdo con el informe de seguridad del 20 de abril pasado del gobierno federal, además había desplegado 1,548 efectivos en la estrategia para el fortalecimiento de las aduanas.

Según el informe de WOLA, “mientras están atrapadas en Tapachula, las personas solicitantes de asilo luchan por sobrevivir. Los esfuerzos de las autoridades mexicanas por contenerlas allí son arbitrarios e insostenibles”.

Además, señala que las personas solicitantes de asilo en Tapachula se enfrentan a escasas oportunidades de empleo, obstáculos en el acceso a servicios de salud y escasez de viviendas asequibles, y los programas de apoyo del gobierno, las Naciones Unidas y la sociedad civil son insuficientes para satisfacer los niveles abrumadores de demanda. La proximidad de Tapachula a Centroamérica ocasiona que algunas personas corran el riesgo de encontrarse con sus agentes de persecución.

Las personas solicitantes de asilo también se enfrentan a abusos por parte de las autoridades, que van desde la detención arbitraria a la extorsión y otras formas de violencia. Las mujeres y las personas migrantes afrodescendientes se enfrentan a situaciones particulares de riesgo y discriminación.

«Todos estos factores apuntan a la necesidad de poner fin a la política de contención de las personas solicitantes de asilo”, subraya.