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– SEBASTIAN CASTANEDA (SEBASTIAN CASTANEDA.
Por Reuters
Un juez supremo de Perú ordenó este jueves prisión preventiva por 18 meses para el expresidente Pedro Castillo mientras la fiscalía lo investigan por «rebelión» y otros presuntos delitos, tras intentar disolver el Congreso que le costó la destitución.
Lima. Un juez supremo de Perú ordenó el día de ayer prisión preventiva por 18 meses para el expresidente Pedro Castillo mientras la fiscalía lo investigan por «rebelión» y otros presuntos delitos, tras intentar disolver el Congreso que le costó la destitución.
La decisión de un juez supremo, que declaró fundado un pedido de la fiscalía, se sustenta en que existe «peligro de fuga» del imputado, quien trató de asilarse en la embajada de México en Lima tras el frustrado autogolpe del 7 de diciembre. La medida se extiende hasta junio de 2024.
La medida se da en medio de una disputa diplomática cada vez más profunda con los países de tendencia izquierdista de la región que se oponen a su destitución debido a que los bloqueos en curso amenazan la logística en minas de cobre clave.
Castillo ha negado todos los cargos y ha afirmado que sigue siendo el presidente legítimo del país.
El izquierdista Castillo, hijo de campesinos y exmaestro que obtuvo una estrecha victoria en las urnas el año pasado bajo la bandera del partido marxista Perú Libre, fue destituido por una abrumadora mayoría de legisladores que lo acusaron de «incapacidad moral permanente». Apenas unas horas después de que Castillo ordenara la disolución del Congreso el 7 de diciembre.
La rápida destitución de Castillo, quien dirigió el país sudamericano durante solo 17 meses, ha repercutido mucho más allá de las fronteras de Perú, con varios aliados izquierdistas del depuesto líder reuniéndose en su apoyo mientras las protestas callejeras enojadas y, a veces, violentas se extienden a su segunda semana, con declarado el estado de emergencia.
Consultas por injerencia
A principios de esta semana, cuatro naciones dirigidas por presidentes de izquierda -Argentina, Bolivia, Colombia y México- firmaron una declaración conjunta que declaraba a Castillo «víctima de acoso antidemocrático».
Un bloque de países de izquierda reunidos en La Habana, incluidos Cuba, Bolivia, Venezuela y Nicaragua, también respaldó con fuerza al encarcelado Castillo, rechazando lo que describieron como «el marco político creado por las fuerzas de derecha».
La canciller Ana Cecilia Gervasi convocó a los embajadores de Perú en Argentina, Bolivia, Colombia y México para una consulta. Gervasi escribió que las consultas «se relacionan con la injerencia en los asuntos internos de Perú» en una publicación en Twitter. No especificó cuándo se llevarían a cabo las conversaciones, ni qué otras acciones podría tomar el gobierno de Boluarte.
