no hay poder alguno, nada ni nadie.
No permitamos que esto se olvide
o se confunda».

Alberto Pérez Dayán

El presidente López Obrador ha convertido al ministro Alberto Pérez Dayán en uno de sus villanos favoritos. Después de que como presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte ejerció el voto de calidad que invalidó la Ley de la Industria Eléctrica, AMLO lo atacó como «uno de esos ministros conservadores, empleados de la oligarquía», cuya conducta demuestra «el entreguismo que existe en el Poder Judicial». Ayer apoyó el juicio político en su contra y lo acusó de invalidar una ley «que afecta a los traficantes de influencia».

Mala memoria tiene López Obrador. No recuerda que Pérez Dayán, cuando presidía el séptimo tribunal administrativo en 2002, fue el único de los tres magistrados que sostuvo que no había cometido desacato en el caso de El Encino. Tampoco recuerda que, el 5 de septiembre de 2022, rechazó, como quería el Presidente, el proyecto que eliminaba la prisión preventiva oficiosa: «No me corresponde asumir una tarea para la que no se me asignó -dijo-. No soy quién para desprender hojas de la Constitución». El propio López Obrador se sorprendió de la decisión de un ministro que, afirmó equivocadamente, «siempre ha votado en contra de todo lo que proponemos».

Azuzados por el Presidente, los legisladores de Morena han anunciado un juicio político en su contra. «No es un tema personal, no estamos hablando de personas -declaró Ignacio Mier, acompañado de los diputados del partido-. Es un tema que va más allá». Efectivamente, es una amenaza a la división de poderes y a la integridad del Poder Judicial. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación ha respaldado «la destacada trayectoria y trabajo del ministro Alberto Pérez Dayán» y ha enaltecido «su labor, cuya congruencia y apego a las leyes fortalecen los cimientos de la justicia». En la conmemoración de la Constitución del 5 de febrero en Querétaro, Pérez Dayán representó al Poder Judicial y nos recordó: «La Constitución da a la Suprema Corte las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente de la fuente de la que provenga, electa o no electa».

Uno puede estar a favor o en contra de las decisiones de Pérez Dayán, pero sus argumentos han sido jurídicamente impecables: el 23 de enero de 2002, cuando rechazó calificar como desacato la actuación del jefe de Gobierno del Distrito Federal, o el 31 de enero de 2024, cuando señaló que el deseo de fortalecer a la CFE o de garantizar la estabilidad del sistema eléctrico no pueden pasar por encima de un mandato constitucional que establece un sistema de libre competencia. En cuanto a su aplicación del voto de calidad en esa sesión, es una facultad que claramente le otorgaba el artículo 56 de la Ley de Amparo.

El Presidente, sin embargo, considera que todo fallo que no obedezca sus deseos es un acto de corrupción. Afirma que el Poder Judicial está completamente entregado a «intereses particulares», que cada vez que una iniciativa busca «poner por delante el interés público y no permitir que predomine el lucro», los «ambiciosos… tienen de su parte al Poder Judicial». El «interés público», sin embargo, lo define él, y solo él.

López Obrador tiene una memoria selectiva. No recuerda el voto de Pérez Dayán en el desacato, ni en la prisión preventiva oficiosa (con la que yo estoy profundamente en desacuerdo). Le molesta que un juzgador se ciña a la Constitución. Quiere construir un villano favorito y ahora ha mandado a su jauría a atacar al ministro. Esto pinta de cuerpo entero la ética personal de López Obrador.

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