Por Nicolás Lucas-Bartolo.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones comunicó esta noche que el dictamen de simplificación orgánica a nivel de administración pública federal se traducirá en limitaciones para el desarrollo y competencia efectiva de las industrias de telecomunicaciones y radiodifusión.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) comunicó esta noche que el dictamen de simplificación orgánica a nivel de administración pública federal, aprobado en la tarde de este viernes en la Cámara de Diputados, se traducirá en limitaciones para el desarrollo y competencia efectiva de las industrias de telecomunicaciones y radiodifusión.
La afirmación del IFT deriva de que el actual gobierno federal propone una serie de modificaciones a diversos artículos de la Constitución, sobre todo de los artículos 27 y 28, que se traduce como un traslado de sus actividades y atribuciones a una nueva área de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Este modelo ya fue aplicado décadas atrás en México, en que a pesar de la existencia de un órgano técnico encargado de regular esas dos industrias, sus decisiones eran combatidas y derribadas en tribunales y otras veces frenadas por el mismo titular de esa dependencia, es decir el secretario de Comunicaciones.
En el año 2013, el constituyente de aquel entonces aprobó la existencia de una entidad técnica y autónoma con la misión de regular la telefonía, el Internet, la televisión y la radio, y otros servicios de telecomunicaciones, así como los mercados digitales.
De esta manera nació el IFT, un órgano técnico, autónomo y único facultado por la Constitución para supervisar el aprovechamiento correcto de las bandas radioeléctricas en la oferta de servicios y también la única autoridad facultada para observar los temas de competencia económica en telecomunicaciones y radiodifusión.
Esta tarde, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular —con 57 reservas solicitadas en maratónica sesión de ocho horas—, un proyecto de dictamen que avala la extinción de siete órganos autónomos, como el IFT, con el argumento principal de un ahorro de recursos, si bien el trabajo regulatorio del IFT ha permitido una recaudación de 730 millones de dólares para el gobierno de la Cuarta Transformación sólo en el primer trimestre del 2024.
“El dictamen aprobado hoy plantea modificaciones constitucionales que implican el resurgimiento de un modelo institucional que demostró serias limitaciones para asegurar que más personas tuvieran acceso a más y mejores servicios, así como para incrementar la competencia en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, lo que conllevaría un grave retroceso en perjuicio de las personas usuarias y audiencias en nuestro país”, declaró el IFT.
“Con el modelo institucional anterior a la reforma constitucional de 2013, las decisiones colegiadas del regulador estaban supeditadas a la revisión de una persona dentro de la misma dependencia a la que estaba subordinado, es decir, el titular de la Secretaría de Comunicaciones, quien podía modificar o revocar determinaciones del regulador en atención a las coyunturas, situación que alejaba la toma de decisiones de criterios técnicos y jurídicos claros y robustos”.
El IFT recordó que en once años, de su creación como órgano constitucional autónomo, los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión han experimentado una transformación profunda y sin precedentes en la historia de México, y reconocido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), como un regulador de avanzada.
Gracias a la reforma sectorial del 2013 y al trabajo del IFT, los mexicanos pagan 32.1% menos dinero de lo que pagaban hace once años por los servicios de comunicaciones y a pesar de que la inflación se ha incrementado en este periodo.
En 2013 la población usuaria de Internet en México no superaba el 45%, mientras que en 2023 el 81.2% de la población es usuaria de este servicio. Esto equivale a 51 millones de personas que hace once años no contaban con este servicio.
Actualmente existen 27.7 millones de hogares con acceso a Internet en el país (71.7% del total), cifra que contrasta con los 9.6 millones de hogares que disponían de este servicio en 2013.
Actualmente también, la mayoría de las conexiones de banda ancha fija superan velocidades de 50 Mbps, mientras que en 2020 este tipo de conexiones apenas representaban el 8.1% del total.
“Por primera vez en la historia del país se asignaron frecuencias para la provisión comercial de servicios de radiodifusión, a través de procesos de licitación abiertos y transparentes, por lo que se conformó una nueva cadena de televisión abierta, y se cuenta con 244 nuevas estaciones de radio, desde la creación del IFT”, agregó esa autoridad.
Así, hoy en el país se transmiten 1,335 canales de programación televisiva, esto es 551 canales más que en 2013, lo que se traduce en más opciones para las audiencias.
Desde la creación del IFT se han otorgado 1,762 concesiones para prestar servicios de radiodifusión. De estas concesiones, 1,485 se han otorgado sin fines de lucro, es decir para uso social, comunitario, indígena, afromexicano o público, conforme a lo siguiente:
822 concesiones se han otorgado a instituciones públicas.
631 concesiones sin fines de lucro a organizaciones de la sociedad civil y particulares.
Se han otorgado 32 concesiones a pueblos indígenas, incluyendo 1 a una comunidad afromexicana.
En materia de simplificación administrativa, ahorros y ejercicio presupuestario, “es importante señalar que desde nuestra creación, el presupuesto ha disminuido en términos reales más del 40%, en relación con el presupuesto aprobado en 2014”, dijo el IFT.
El presupuesto asignado al IFT de 2014 a 2023 ha sido por 17,752.1 millones de pesos, cifra que contrasta con los 180,917.8 millones de pesos que, en cuanto a contraprestaciones, el IFT ha contribuido en ingresos a la Hacienda Pública.
Adicionalmente, “se han logrado ahorros a los usuarios por un equivalente a 805,000 millones de pesos, por lo que por cada peso de presupuesto asignado se han generado 44 pesos de beneficio social”, destacó el IFT.
INAI: Golpe a la transparencia
Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) consideró que la reforma es un golpe a la transparencia y un retroceso que afectará gravemente el ejercicio pleno de los derechos humanos en México.
Por lo que hizo un llamado urgente a los legisladores y a la sociedad a dialogar y reconsiderar esta propuesta que amenaza la calidad de la vida pública y la confianza ciudadana en las instituciones.
“Eliminar al INAI no es sólo un tema técnico o administrativo; es una cuestión que impacta directamente a cada ciudadano… La autonomía e independencia del INAI han sido clave para asegurar que las decisiones sobre acceso a la información y protección de datos sean tomadas sin interferencias políticas o ideológicas. Esto ha permitido que se realice un trabajo riguroso y justo en favor de los derechos de las y los mexicanos”, se lee en un comunicado.
También, considera que la propuesta de reasignar las funciones del INAI a otras entidades gubernamentales pone en riesgo la imparcialidad y aumenta la posibilidad de que los derechos humanos queden desprotegidos al ser juzgados por quienes también ejercen el poder.
El INAI reiteró su disposición para entablar un diálogo constructivo con todos los actores involucrados, incluyendo las y los legisladores y la sociedad.
“Es fundamental que se abra un proceso de parlamento abierto en el que todas y todos puedan escuchar y discutir sobre la importancia de preservar organismos autónomos que, como el INAI, fortalecen nuestra democracia y protegen nuestros derechos”.
Por último, señala que, en lugar de su eliminación, proponen trabajar juntos en la modernización y fortalecimiento del INAI y del Sistema Nacional de Transparencia y de los mecanismos que garantizan el acceso a la información y la protección de datos personales. Sólo así podremos asegurar que México siga avanzando hacia una sociedad más transparente, justa y democrática.
