Sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Foto EE: Eric Lugo
Maritza Pérez.
Tras siete horas de debate, los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobaron en lo general el dictamen con 22 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención.
Con 22 votos a favor y 17 en contra, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al Poder Judicial, planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero.
Entre acusaciones de autoritarismo y traiciones a la patria por parte de legisladores de la oposición, la mayoría de Morena y aliados, el PT y PVEM, logró imponerse para avalar el dictamen, que, entre otras cosas, ordena la renovación total de los ministros, magistrados y jueces de todo el país, quienes serán electos por voto popular.
Durante el arranque de la discusión de esta iniciativa presidencial, legisladores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) mostraron su rotundo rechazo a la propuesta que calificaron de destructiva y que debilita al Poder Judicial.
Es verdaderamente una reforma sin sentido. Más parece una venganza (…) Estoy convencida de que defender al Poder Judicial es defender a México”, expresó la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo (PAN) sobre esta iniciativa.
En el mismo sentido, el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI, acusó que esta reforma es un riesgo para el Estado mexicano, es inoperante, antidemocrático, injusto, imprudente, lesiona el pacto federal y la protección de los derechos humanos, permite la intromisión de poderes fácticos y no garantiza la justicia ni mejorar la calidad de las resoluciones.
Además, advirtió de concretarse esta reforma nos llevaría a una crisis institucional, ejemplificó que, en la Ciudad de México, si se opta por renovar en el 2025 además de los cargos federales y los locales, se pondrán frente al elector cuando menos 25 boletas, en donde encontrará 4 mil 125 personas, entre los que tendrá que escribir 640 nombres para igual número de cargos.
Por el contrario, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña (PT) destacó que el fondo de la discusión es que la Cuarta Transformación (4T) logre que el pueblo de México elija mediante el voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras.
“Lo que estamos planteando es separar el poder económico del judicial, porque se ha demostrado que éste está corrompido… La oposición se dice defensora de la democracia, pero le niega al pueblo el derecho a elegir con su voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras, es el colmo de la desvergüenza. Sostengo que actualmente el Poder Judicial no imparte justicia”, sostuvo.
Cabe señalar que la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvo más de 100 modificaciones a raíz de los foros de diálogos nacionales, y entre los principales cambios que ya fueron aprobados por esta comisión están: Modificar el Artículo 96 de la Constitución, para que las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las magistraturas la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y demás magistrados y jueces del país sean “elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda”.
Por lo anterior, se plantea que la elección escalonada de todos los juzgadores, no obstante, en el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia Nación (SCJN) y la mitad de los magistrados del país se busca se realice el primer domingo de junio de 2025.
También se incluirá la opción de insaculación, o “tómbola”, para elegir a los candidatos cuando excedan el número de participantes para un cargo.
Mientras que los juzgadores candidatos tendrán derecho de acceso a radio y televisión de manera igualitaria, conforme a la distribución del tiempo que señale la ley y determine el Instituto Nacional Electoral (INE). Podrán, además, participar en foros de debate organizados por el propio Instituto o en aquellos brindados gratuitamente por el sector público, privado o social en condiciones de equidad.
Asimismo, se elimina el requisito de tener cuando menos 35 años para ser juzgador y solamente deberá contar de cuando menos cinco años en el ejercicio de la actividad jurídica.
Una vez aprobado en lo general este dictamen, las y los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales continúan con la discusión de las más de 330 reservas que las bancadas presentaron al proyecto.
