Ilustración EE: Nayelly Tenorio.
Diego Badillo.
No existe en ningún otro lugar un tribunal que tenga la capacidad de sancionar a los jueces por el contenido de sus votos y por el contenido de sus sentencias, subraya
No hay ninguna garantía de que el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), contemplado en la reforma al poder Judicial aprobada en la semana que concluye en el Congreso de la Unión, no vaya a ser una instancia de inquisición y persecución política en contra de los jueces, afirma tajante Lisa Sánchez.
En entrevista, la directora ejecutiva de México Unido Contra la Delincuencia expone que “ni siquiera está garantizado que pueda funcionar realmente como un órgano de sanción administrativa, porque no queda claro cómo va a funcionar y cuáles son sus límites”.
De acuerdo con la especialista, lo que se sabe es que va a estar integrado por cinco personas, que van a ser electas con los mismos criterios que serán electos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es decir, que van a tener que salir de las listas de los comités de selección.
Sin embargo, no sabemos cómo se van a integrar esos comités de selección y cuáles van a ser los tiempos ni si les va a dar tiempo de hacer una elección extraordinaria para nombrar a las personas juzgadoras.
Para la reconocida activista, eso es lo menos malo, porque no se sabe qué pasará si una elección de los magistrados del TDJ se impugna, simplemente porque no hay legislación electoral en materia judicial.
Eso se traduce en que hay poca certeza de si realmente se logrará integrar al tribunal con los cinco miembros que están diciendo que van a tener, abundó.
También llama la atención en que no queda claro cuál va a ser el procedimiento administrativo que va a seguir para investigar y sancionar a esos jueces.
Lo que dice la reforma, refiere, es que se van a integrar comités. Entonces, para el análisis de los casos tendría que integrar un comité de tres de cinco miembros y luego dice que ese comité podrá hacerse llegar los medios probatorios que considere a través de una especie de unidad de investigación.
El problema, subraya, es que no queda claro cómo se integrará esa unidad de investigación; no se sabe si sería, una estructura paralela a los cinco magistrados que integren ese tribunal ni tampoco queda claro cuál es la limitación de sus facultades.
Además, la reforma señala que se podrían investigar, incluso, probables conductas que puedan ser constitutivas de delitos. En ese caso, destaca, estaríamos frente a una invasión de competencias de las fiscalías, que en este momento son las únicas que pueden investigar delitos.
Delicado, que tenga facultad para revisar sentencias
De acuerdo con la especialista, es muy problemático que no tengamos definido este procedimiento administrativo, porque, al tener facultad incluso para la función judicial, es decir, el contenido de las sentencias de los jueces, deja muchísimo espacio para la arbitrariedad.
“Si el juez que va a ser sancionado por ese tribunal no sabe cuál es el procedimiento administrativo que le van a seguir ni cuáles son los límites de esa unidad de investigación o cómo se van a dictar las sanciones administrativas o políticas, pues básicamente cualquier cosa puede suceder”, explicó.
Por otra parte, indica, al no aclararse situaciones, por ejemplo, qué debe entenderse por actos en contra de la administración de la justicia, cosas como eso van a quedar sujetas a la interpretación de las cinco personas que integren el TDJ, lo cual es muy delicado.
“Esas definiciones, torales, no están contenidas en la reforma; tampoco están definidos los propios procesos de funcionamiento del tribunal y de su unidad de investigación, de manera que no sabemos entonces cómo van a ser, tanto la investigación, como la determinación de la sanción probable a un juez, de acuerdo con criterios tan vagos como ese, insiste.
Por otra parte, Lisa Sánchez expone que al elegir mediante voto popular a los integrantes del TDJ, si hay un aspirante es apoyado, por ejemplo, por la delincuencia organizada, al ser sometido a votación popular, formalmente se estaría legitimando la comisión de delitos.
Recuerda que el oficialismo dice que eso ya pasa hoy, lo cual puede ser que sí ocurra, pero no están legitimados con el voto popular.
“Van a poder utilizar el argumento de que la gente eligió a los jueces del Tribunal y, con eso, van a hacer pasar como que todas las decisiones de esa instancia son legítimas, en tanto que el origen de los magistrados fue democrático, por voto popular”.
Una completa anormalidad
Por otra parte, llama la atención en que el TDJ es una completa anormalidad. No existe en ningún otro lugar un tribunal que tenga la capacidad de sancionar a los jueces por el contenido de sus votos y por el contenido de sus sentencias.
Recalca que la función judicial no debería estar nunca sometida a voto popular, porque significa que quien quiere ser elegido, tiene que salir y prometer cosas que resuenen con la gente.
En ese sentido plantea: Si hoy tú le preguntas a la gente si estaría de acuerdo con la pena de muerte para personas que participan en la delincuencia organizada, seguramente diría que sí.
Lo delicado es que eso, recalca, es inconstitucional e inconvencional; eso es violatorio de absolutamente todos los derechos procesales y es contrario al principio de impartición de justicia para las víctimas, porque asesinar a un victimario no es hacer justicia.
En una situación como esas, continúa, lo que se pervierte es el ejercicio de la función judicial, pues quedaría sometida a la voluntad popular y no sometido a la ley, como debe ser.
“Por eso, prácticamente en ningún lado hay elección directa de jueces y cuando la hay, en sistemas muy fuertes, donde por ejemplo el juez tiene un rol muchísimo más arbitral, como en las cortes locales de Estados Unidos y quien decide las sentencias son los jurados populares, hay un mecanismo de control del juez electo porque todos los casos tienen un jurado ciudadano distinto, que están observando la evidencia y son quienes deliberan y el juez está ahí meramente con un rol de árbitro”, añade.
La reforma muestra serias contradicciones
La experta en gestión pública y gobernanza comenta que la reforma, además, muestra serias contradicciones. Por ejemplo, va a poder ocurrir que en un estado o una ciudad los ciudadanos elijan a un juez, pero ese juzgador, puede ser enviado por el TDJ a otra entidad como una medida sancionatoria a una situación que analice. En ese caso, las personas que eligieron a su juez se quedarán sin él y puede ocurrir además que les pongan a otro que fue electo por ciudadanos de otro estado para otra ciudad o circuito judicial
Entonces, tiene perversiones y contradicciones de ese tipo, porque hicieron la reforma al vapor y la aprobaron sin leerla, anotó.
Por otra parte, expone que, se supone que el TDJ va a funcionar con cinco magistrados. Según la reforma, para hacer una investigación va a establecer comisiones integradas por tres magistrados.
El problema es que no habría ninguna posibilidad de contravenir la decisión del tribunal, pues no habría una segunda instancia de apelación adentro de ese tribunal. ¿Por qué? Porque no te alcanzan los magistrados para que no repitas miembros para que revisen cómo se hizo la investigación.
