Desde el arranque de la discusión, el ministro Alberto Pérez Dayán anunció que votaría en contra de la propuesta, decisión que rompió el bloque de ocho votos requerido para su aprobación por tratarse de una revisión constitucional.
Ilustración EE: Nayelly Tenorio
Por:
Rolando Ramos
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por mayoría de siete votos contra cuatro que se requerían 8 votos para aprobar la invalidez de la elección de magistrados y jueces por voto popular, pero no la de ministros, y al no alcanzarse dicha votación aprobó por unanimidad desestimar las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PAN, PRI y MC para controvertir la reforma constitucional del Poder Judicial.
“La reforma constitucional es válida, sin necesidad de nuestro reconocimiento; ese es un principio y lo dejamos claro.
“Las razones de por qué lo retiramos o por qué lo declaramos de la manera que lo hicimos es que yo propuse en el proyecto un ejercicio de autocontención y el proyecto solamente proponía invalidar, pero no reconocer la validez, porque es válido’, precisó Juan Luis González Alcántara Carranca, ministro ponente en el caso.
Norma Piña Hernández, presidenta del Poder Judicial de la Federación y de la Corte, aclaró de inmediato:
“Yo ahí diferiría del ministro González Alcántara. Cuando se desestima, no hay un reconocimiento de validez, simplemente se desestima porque no alcanzó la mayoría que la Constitución establece de ocho votos. No es un reconocimiento de validez, yo ahí sí difiero’’.
Tras un receso, al continuar la sesión en que se discutió el tema, los ministros González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Luis María Aguilar, Jorge Pardo, Lenia Batres y Alberto Pérez Dayán votaron porque se requerían ocho votos para declarar la invalidez parcial de la reforma judicial como propone el proyecto de sentencia, mientras que Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez, Margarita Ríos Farjat y Javier Laynez sostuvieron que seis votos son suficientes.
Estados Unidos, el socio comercial más importante de México, ha criticado la reforma al Poder Judicial, porque asegura que la elección directa de los juzgadores representa «un riesgo mayor» para el funcionamiento de la democracia en el país latinoamericano.
Organismos multilaterales, organizaciones empresariales y bancos de inversión sostienen que los cambios apuntan al Poder Judicial federal y no a todo el sistema de justicia, dado que no afecta a los sistemas locales, ni a las fiscalías, que llevan más del 80% de los procesos judiciales en México.
El oficialismo, por su parte, sostiene que la reforma es necesaria porque el sistema de justicia «no está al servicio del pueblo» y «responde a intereses de la delincuencia organizada».
rolando.ramos@nulleleconomista.mx
