Piña Hernández mencionó que esta tensión, que a veces parece inevitable, ha desembocado en diversas ocasiones en una crisis institucional.
Norma Piña habla sobre las últimas decisiones que ha tomado la SCJN.
Rubén Mosso
La ministra Norma Piña Hernández admitió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha claudicado en su función en diversas ocasiones de la historia para evitar que aflore la tensión entre los poderes, como acaba de suceder cuando intentó revisar la constitucionalidad de la reforma judicial.
Durante un evento en el que se conmemoraron los 200 años del máximo tribunal de justicia, la presidenta de la Corte señaló que durante dos siglos el Alto Tribunal se ha confrontado con otros Poderes.
¿Qué dijo Norma Piña?
“De manera desafortunada, también podría decirse que la Corte decidió claudicar a su función de garante para evitar precisamente que aflorara y se desarrollara esa tensión”.
“Podría darse cuenta de múltiples casos que pueden ser analizados a la luz de ese binomio: los amparos promovidos por los hermanos Flores Magón para intentar superar las censuras y ataques de los que fueron objeto por el régimen porfirista; los diversos juicios derivados de la expropiación petrolera, la nacionalización de la industria eléctrica y de la banca».
“De manera más reciente, cabe mencionar el análisis relativo a la apertura de nuestra industria eléctrica, la militarización de la seguridad pública y, en última instancia, cuando analizó la posibilidad de revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional (judicial)”, expresó.
Piña Hernández mencionó que esta tensión, que a veces parece inevitable, ha desembocado en diversas ocasiones en una crisis institucional.
Obstáculos para alcanzar la justicia
En un evento en que estuvieron presentes ministros en retiro como Eduardo Medina Mora y José Fernando Franco González Salas, la ministra aseguró que para perseguir el ideal de la justicia siempre ha sido necesario sortear múltiples y complejos obstáculos diseñados “por quienes cómodamente se benefician de una perversa situación de injusticia”.
“Si toda Corte Suprema o todo Tribunal Constitucional tiene como mandato defender la constitución, cumplir esta encomienda implicará tarde o temprano incomodar a los poderes públicos, fácticos o económicos a todo aquel que pretenda de algún modo eludir dicha justicia”.
“Si la tarea de la Corte es asegurar que se respeten los derechos y las libertades que la constitución reconoce a todas las personas, entonces debe invariablemente procurar que todo poder público se ejerza dentro de los límites y con estricto apego a las reglas que la propia constitución impone a todo funcionario público”, enfatizó.
RM
Foto de Milenio.
