CARTA ABIERTA A LOS CONSEJEROS UNIVERSITARIOS DE LA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA.

A las Consejeras y los Consejeros del H. Consejo Universitario General:
Quienes suscribimos esta carta hemos tenido el honor y la responsabilidad de encabezar, en
distintos momentos, los destinos de la Universidad Veracruzana. Lo hicimos siempre bajo el
compromiso inquebrantable de respetar la legalidad, preservar la autonomía universitaria y
honrar el pacto ético que sostiene a toda institución de educación pública: ser garante del
pensamiento libre, la inclusión y la rendición de cuentas.
Hoy nos dirigimos a ustedes, no solo como exrectores, sino como universitarios
profundamente preocupados por el momento que atraviesa nuestra casa de estudios. La
decisión de la Junta de Gobierno de otorgar una prórroga de cuatro años al actual rector se
hizo al margen de la legislación universitaria que mandata una convocatoria abierta, una
amplia auscultación de la comunidad universitaria sobre distintas propuestas de trabajo
universitario y la libre participación de aspirantes a ocupar el digno cargo de rector de la
Universidad Veracruzana. Esa decisión es una grave transgresión a la normatividad y un
desmesurado intento de secuestro de la Máxima Casa de Estudios de Veracruz. Esta tropelía
no puede ser admitida por el Consejo Universitario General.
La Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, en su artículo 36, establece con toda claridad
que “el rector será designado por la Junta de Gobierno y durará en su encargo cuatro años” y podrá ser
nuevamente designado por un segundo periodo consecutivo, siempre y cuando se someta a un
procedimiento bien definido en el que deberá competir con otras propuestas de desarrollo
universitario presentadas por quienes aspiren al cargo de rector. En ninguna parte del texto
legal se mencionan las condiciones, los criterios ni los procedimientos que den sustento a la
figura de la prórroga. Peor aún, la Junta de Gobierno no está facultada para modificar la
normatividad que rige a la Universidad Veracruzana. Cualquier interpretación y
modificación por parte de la Junta de Gobierno a lo que mandata la legislación universitaria
es una grave afrenta al sustento jurídico y erosiona la legitimidad del órgano responsable de
la designación del rector.
Más aún, la Ley de Autonomía de la UV, en su exposición de motivos y en sus disposiciones
fundamentales, protege el derecho de la comunidad universitaria para autogobernarse bajo
principios de legalidad, participación, deliberación y pluralidad. Violar las normas de
sucesión y designación del rector por razones oscuras y argumentaciones legaloides no sólo
debilita la autonomía, sino que contradice su espíritu: una universidad libre, formadora de
valores universales, no puede funcionar con decisiones reprochables, opacas y, menos,
impuestas a partir de la transgresión de la ley.
No se trata de nombres ni de proyectos personales. Se trata del respeto irrestricto a la norma
y al principio rector de toda institución educativa pública: el respeto al derecho y no a la
conveniencia personal de autoridades universitarias que buscan ilegalmente el poder y que
debieran ser las primeras en poner el ejemplo de la legalidad.
Es por ello por lo que hacemos un llamado respetuoso pero firme a los miembros del
Consejo Universitario General, máximo órgano colegiado de nuestra universidad, para que
asuman con plena conciencia su responsabilidad histórica. Están ante una disyuntiva que
marcará el rumbo de la UV en los próximos años: callar o actuar; consentir o corregir; dejar
pasar lo inadmisible o defender a nuestra casa de estudios.
La Universidad Veracruzana no necesita salvadores, necesita instituciones fuertes, con voces
proactivas y órganos colegiados que velen por la integridad institucional. Este es un momento
para honrar la confianza que miles de estudiantes, docentes, trabajadores y egresados han
depositado en ustedes. No es tiempo de cálculos; es tiempo de convicción y decisiones. Urge
que los consejeros universitarios desconozcan la decisión ilegal de la Junta de Gobierno de
otorgar una prórroga que cierra la puerta a la legalidad y al legítimo derecho de los
universitarios de contrastar alternativas para la conducción de la Universidad. Actuar en
defensa de la legalidad no es una osadía, es un deber. Y su valiente decisión será acompañada
por una comunidad universitaria que reconoce el trascendente sentido de la justicia y la
honorabilidad que debe imperar en nuestra casa de estudios.
Con nuestro reconocimiento y respeto.

Foto de Suplemento Campus.