Ahora que «le echaron el guante» en Michoacan a Servando Gómez Martínez, alias la «Tuta», bueno es reflexionar sobre lo costoso que resulta para la sociedad en general la ausencia del Estado -de sus instituciones- como garante de la seguridad de los propios ciudadanos. Una figura tan aberrante como la de la propia «Tuta», y de grupos criminales como la «familia michoacana» o los «caballeros templarios», el caldo de cultivo que hizo posible su surgimiento es y ha sido directamente proporcional a la disminución de la presencia que el Estado había dejado de tener en esa entidad, el Estado irresponsablemente había dejado muchos «espacios vacíos» que la delincuencia organizada llenó de una manera que no se puede explicar, dejando desprotegidos, en un escalofriante estado de indefensión no solo a los ciudadanos, sino a los propios poderes públicos (gobierno e instituciones públicas extorsionadas y amenazadas, ayuntamientos sometidos y ciudadanos viviendo a merced de los grupos criminales), todos y todas sometidos a la ley atroz de los delincuentes. Nada en Michoacán se hacía sino contaba con el consentimiento de los malandros.
