Con 110 votos a favor, uno en contra y una abstención, el Senado aprobó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ordenamiento complementario de la reforma constitucional en la materia. Ahora, cualquier autoridad, organismo público, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, sindicatos y los tres Poderes de la Unión estarán obligados a transparentar el uso de recursos públicos que les sean destinados y a rendir cuentas sobre su aplicación. La nota es de Estéfana Murillo en «24 Horas».
