El actual gobierno de la República sabe comunicar sus éxitos, pero nunca acierta a comunicarse en situaciones de crisis o fracasos y por eso mismo los problemas, de por sí graves, los profundiza. Ahí están los casos de Ayotzinapa, la Casa Blanca, Tlatlaya, Tanhuato y ahora se añade la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, del penal de máxima seguridad que tiene el país.

Cuando en febrero del 2014 se capturó al Chapo, en este mismo medio escribí: “El tratamiento mediático del gobierno, para anunciar la detención, fue el correcto y hay que reconocerlo. Ahora no hubo presentación del detenido a diferencia de los espectáculos montados en el gobierno del presidente Calderón que violaban flagrantemente el debido proceso. En esta ocasión el procurador leyó un texto corto arropado por los secretarios de la Defensa y la Marina, el comisionado nacional de seguridad y del director del Cisen. Para “enseñar” al detenido las cámaras de la Presidencia (Cepropie), que fue la señal que se emitió, lo grabaron en el traslado al helicóptero que lo lleva al penal de alta seguridad del Altiplano. Fue una buena solución”.

Ahora el manejo ha sido particularmente desafortunado. En la concepción política de este gobierno no se contempla, en ningún caso, reconocer sus errores o fracasos. Eso coloca a los funcionarios en la penosa posición de defender lo indefendible y justificar lo injustificable. Deduzco que la estrategia, ante los casos problemáticos, es aguantar la crítica y dejar que pase el tiempo, en espera de que la gente se olvide de lo que sucedió. Eso hasta ahora no les ha dado resultado.

El presidente en su intervención del 12 de julio, desde París, debió reconocer que las instituciones de seguridad del Estado habían fallado, eso no hizo; que se abría una investigación, eso sí dijo, y que pedía la renuncia del secretario de Gobernación, máximo responsable de la seguridad, que no había cumplido con una instrucción hecha pública en entrevista al periodista León Krauze, esto tampoco hizo. Cuando la crisis se presenta hay que reconocerla, para minimizar los daños y retomar la situación. La decisión del presidente en lugar de disminuir los costos, para él y su gobierno, los incrementó.

El 13 de julio, el secretario de Gobernación, cuestionado por los medios, la sociedad y la oposición, da una conferencia de prensa donde opta por evadir las preguntas que expresa debilidad, falta de definición y siembra más dudas de las ya existentes. Su imagen y actitud dio la impresión de no estar preparado, para responder a los periodistas. El 14 de julio, el comisionado nacional de Seguridad presenta unos videos que “muestran” que se habían cumplido todos los protocolos de seguridad en la cárcel. Su intervención “engrandece” al Chapo, que fue capaz de burlar todos los protocolos, y abre el espacio para una cobertura irrelevante de los medios que daña al gobierno.

La comunicación gubernamental de esta ocasión exigía dos decisiones políticas previas: reconocer abiertamente las deficiencias o errores del aparato de seguridad y pedir la renuncia de los responsables que no habían estado a la altura. Ninguna de las dos se dieron. Era la única posibilidad de hacer frente a la crisis y reducir el impacto de un hecho que golpea profundamente la imagen del presidente, de su gobierno y del país. La Presidencia, una vez más, no supo responder ante una situación crítica. Ésta ha sido la tónica en lo que va del sexenio, pero se puede cambiar.