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El dictamen en materia de publicidad gubernamental, aprobado en lo general por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, podría tener ajustes al ser discutido en el Pleno, y cuando llegue en forma de minuta al Senado de la República, indicó el presidente de la Mesa Directiva, Edgar Romo.

“Falta que el dictamen se debata, se discuta, se analice, que pueda ser sujeto a reservas, falta correr todo un procedimiento legislativo y no sólo eso, el procedimiento legislativo no culmina aquí, sino que todavía tiene que ir a la Cámara de Senadores donde también es susceptible de hacerle modificaciones”, manifestó.

Romo García aclaró que las consultas con organizaciones que se ampararon ante la Corte para obligar al Legislativo a abordar el tema ya se llevaron a cabo en la sede senatorial, por lo que no hay engaño a la ciudadanía.

“Entiendo que el procedimiento que pactaron las dos comisiones de Gobernación, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, fue que en el Senado se iban a hacer algunos foros con la sociedad civil, entiendo que se realizaron algunos de ellos, el dictamen hoy tiene exclusivamente eso, una calidad de un dictamen que no ha sido aprobado por el Pleno”, apuntó.

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) externó que se mantendrá atento a las indicaciones de la Junta de Coordinación Política, respecto al momento en que el tema se programará a discusión en el Pleno, y aprovechó para exhortar a los grupos parlamentarios a que mientras eso sucede, traten de llegar al mayor acuerdo posible.

En cuanto a si la reforma será “light” o “descafeinada”, como acusó la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), el presidente de la Cámara señaló que mientras cumpla con los estándares y requerimientos constitucionales, será válida.

Señaló que la orden de la Corte, de legislar en la materia, no establece en ningún parte en qué términos se debe aprobar e incluso rechazar el dictamen en cuestión, pues esa potestad confiere exclusivamente a los legisladores.

“Creo que mientras la ley, que se apruebe o que no se apruebe, que se discuta en el Pleno, deberá cumplir con los parámetros constitucionales, exclusivamente; mientras no se salga de los parámetros constitucionales, sin duda será una ley constitucional”, refrendó.