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Abogados denuncian retrasos en traslado de «El Bronco» al hospital y desacato de autoridades a orden de juez

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El Economista

Manuel de la O. Cavazos, ex secretario de Salud y médico de cabecera del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón; su esposa, Adalina Dávalos y sus abogados, señalaron que las autoridades del Penal 2 de Apodaca pusieron en riesgo la integridad y la vida del exmandatario.

 

 

El exsecretario de salud estatal, Manuel de la O. CavazosAdalina Dávalos, esposa del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón y los abogados de la defensa alertaron que el exmandatario, quien se encuentra privado de su libertad en el Penal 2 de Apodaca podría morir porque tiene una hemorragia interna. Aunque un juez de Control autorizó su traslado al Doctor’s Hospital, la Fuerza Civil lo llevó al Hospital Universitario.

El equipo de abogados del exmandatario informó a la opinión pública en la página de Twitter de Jaime Rodríguez, que luego de que un juez autorizara el traslado urgente “de nuestro representado a un hospital para su valoración, debido al delicado estado de salud que se agravó desde el pasado 19 de marzo, más de 14 horas después de la solicitud no ha sido trasladado en desacato a la orden del juez”.

“Debido a que las autoridades del penal, encabezadas por el licenciado Samuel Franco Colomo y el secretario de Seguridad Aldo Fasci Zuazua, quienes dependen directamente del gobernador, no lo han permitido. Un hecho que pone en riesgo la integridad y la vida del exgobernador”, indicaron los abogados de Jaime Rodríguez.

Por su parte, Manuel de la O. Cavazos alertó: “claro que hay riesgo de morirse y alguien va a ser culpable. No sé quién, pero alguien va a ser culpable de que se murió, y les avisamos de que estaba mal y debe atenderse. La sociedad no es tonta, la sociedad va a juzgar a esas personas, por el daño tan tremendo que le hicieron a un ser humano que tiene derechos”.

El amigo y médico de cabecera del exmandatario, fue acompañado por Adalina Dávalos, esposa de Jaime Rodríguez, quien recriminó que las autoridades penitenciarias o funcionarios de más alto nivel sólo le han revisado los signos vitales y no han analizado su estado general que es grave.