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Reuters/El Economista

El proyecto del ministro propone invalidar la elección por voto popular de jueces y magistrados contenida en la reforma judicial. Además, plantea la invalidez de la figura de jueces sin rostro, entre otras cosas.

Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Foto: X @SCJN

Por:
Reuters.
El ministro de la Suprema Corte de México Juan Luis González Alcántara Carrancá propuso invalidar parte de una polémica reforma judicial promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada en septiembre por el Congreso, que ha golpeado a los mercados y alertado a inversores en la segunda economía de Latinoamérica.

El proyecto se hizo público el lunes, luego de que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) se declaró en octubre competente para analizar si la reforma a la Carta Magna —que plantea la elección de jueces por voto popular— afecta la autonomía del Poder Judicial, la independencia de sus miembros y el principio de división de poderes.

«Esa decisión es consecuente con la notoria pérdida de diálogo interinstitucional que impera en la actualidad y, en términos más generales, de la crisis constitucional que ha generado la reforma judicial analizada», dice el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González.

Para que sea aprobado, el proyecto, promovido por juristas y diversos partidos de oposición, requiere de al menos ocho de los 11 votos del pleno de la SCJN. Tres ministras se han pronunciado públicamente a favor de la reforma planteada por el exmandatario.

El proyecto propone invalidar la elección por voto popular de jueces y magistrados contenida en la reforma judicial. Además, plantea la invalidez de la figura de jueces sin rostro, entre otras cosas.

Aún no hay fecha para la votación pero se estima que sea antes del 30 de noviembre, cuando dejará el cargo el ministro Luis María Aguilar tras el fin de su período de 15 años.

La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha criticado la decisión de la SCJN de analizar la constitucionalidad de la reforma en momentos en que el Congreso, dominado por el oficialismo, discute una iniciativa para asegurar que no se pueda impugnar reformas a la Carta Magna, una medida que ha sido calificada de autoritaria por la oposición.

A fines de septiembre, el árbitro electoral, el INE, dio la largada formal para el proceso electoral del próximo año derivado de la reforma judicial.

En junio de 2025 se realizará la elección para reemplazar a todos los ministros de la Suprema Corte —que pasará de 11 a 9 integrantes—, miembros del Tribunal de Disciplina, vacantes en la Sala Superior, la totalidad de las salas regionales del Tribunal Electoral y a la mitad de los magistrados y jueces de distrito del país.

rrg