A partir del viernes pasado, el Presidente de la República, la Procuradora General, y funcionarios hasta Directores de Area, estarán obligados a presentar, junto con su declaración patrimonial, un reporte sobre posibles conflictos de intereses en su encargo. Será la Unidad Etica y de Conflicto de Interés de la Secretaría de la Función pública la que confronte esta información para detectar omisiones, indicó el titular de esta dependencia, Virgilio Andrade, quien destacó que es la primera vez que habrá esta obligación en el Poder Ejecutivo. La nota es de Alonso Urrutia en «La Jornada».
