Un equipo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió este martes recomendaciones para transparentar y aumentar los mecanismos de rendición de cuentas del presidente de la Asamblea General, tras un escándalo de corrupción revelado el año pasado.
El informe fue elaborado luego que una corte federal de Nueva York acusó en octubre pasado al presidente de la 68 Asamblea General, el diplomático de Antigua y Barbuda, John Ashe, de haber formado parte de un esquema en que recibió sobornos por 1.3 millones de dólares.
Además de Ashe, presidente de la Asamblea General de 2013 a 2014, fueron acusadas otras seis personas, dos de las cuales ya se declararon culpables, entre ellas el ex representante permanente de República Dominicana ante Naciones Unidas (ONU), Francis Lorenzo.
Ashe y otro de los principales acusados, el empresarios chino Ng Lap Seng, se han declarado inocentes.
El equipo de tareas de la ONU indicó que las acusaciones contra Ashe, “han mancillado la imagen y reputación” del organismo, además de que revelaron “importantes resquicios y zonas de sombra” dentro de esa oficina.
Apuntó que la “falta de transparencia, junto con la falta de un sistema eficaz de controles y salvaguardas” afecta la naturaleza y el grado de responsabilidad del presidente de la Asamblea General y de la oficina que representa, además de que constituye un riesgo en general para la ONU.
El presidente de la Asamblea General dura sólo un año en el cargo, pero su responsabilidad pasó en la última década de una posición meramente ceremonial a tener cada vez mayor voz en la organización de las sesiones de la entidad, que reúne a los 193 miembros de la ONU.
Entre las recomendaciones emitidas este martes por el equipo de tareas, destaca la posibilidad de solicitar o exigir que los presidentes presenten una declaración financiera al asumir y concluir sus funciones.
Asimismo, sugiere que el presidente publique pormenores de sus actividades, incluidos sus viajes, y que proporcione datos de las contribuciones así como de los fondos suministrados por todas las fuentes.
También recomendó crear un órgano técnico de supervisión, nombrado con el mandato y la composición que la Asamblea General estime oportunos, encargado de examinar la gestión de las cuestiones relativas a los recursos humanos y financieros de esa oficina.
