De las 20 mil quejas y denuncias que anualmente recibe la Secretaría de la Función Pública (SFP) por actuaciones indebidas de funcionarios públicos, solo 600 tienen que ver con corrupción en contrataciones públicas.
Datos de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) señalan que las contrataciones públicas representan 8% del Producto Interno Bruto (PIB) y 27% del gasto de la administración federal.
El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, apuntó cinco retos a los que se enfrenta la administración pública federal para transparentar los procesos de contrataciones públicas, a fin de evitar colusiones y actos de corrupción.
En el marco de la mesa de Diálogos sobre Contrataciones Públicas, organizada por la Cofece, el funcionario destacó que México requiere de una reforma para establecer la planeación de obras públicas.
Andrade planteó la necesidad de crear “adecuadas metodologías” de investigación de mercados así como elementos de transparencia para cada una de las etapas de licitaciones públicas.
La ampliación del régimen de testigos sociales, para que participen de manera más abierta y den aportaciones a los procesos de licitación, y evitar las colisiones entre contratistas, complementan el listado de prioridades para la SFP.
