Un grupo de ex – trabajadores que laboraban en la planta Clorados III anunciaron que interpondrán demandas laborales en contra de las empresas subcontratistas, ICA Flúor, Mexichem y Petróleos Mexicanos (Pemex) para exigir la liquidación que por ley les corresponde.
Luego de señalar que la Procuraduría de la Defensa del Trabajador (Profedet) les dio la espalda al no conciliar entre las partes, los afectados decidieron emprender acciones legales para reclamar pagos que van de los 30 a los 70 mil pesos más prestaciones, según estimaciones de las propias autoridades laborales.
“Nosotros vamos a demandar, ya estamos en ese proceso, no había demanda todo fue conciliatorio pero vamos contra todas las empresas ICA, Rech Construcciones, Petroquímica Mexicana de Vinilo y a Petróleos Mexicanos también lo vamos a invitar a que se presenten porque estábamos trabajando en sus instalaciones”, expresó José Antonio Galicia, uno de los extrabajadores.
A tres semanas de la explosión en Clorados III, dijo que no se ha podido llegar a un arreglo ni con la empresa Rech, que lo contrató desde hace más de un año a él y otros obreros para realizar obras mecánicas ni con ICA, PMV o Pemex.
Galicia lamentó que ante la falta del pago de su liquidación, prestaciones pendientes así como de trabajo los obreros sobrevivientes al siniestro han tenido que empeñar su patrimonio.
“Estamos acudiendo a las casas de empeño para empeñar nuestras cosas, celulares o lo poco que nosotros tenemos para tener para los pasajes y subsistir un poco más para ver si tenemos una respuesta más adelante”, reveló.
Incluso, confirmó que varios de los ex – trabajadores se quedaron sin seguro social y a otros los dieron de alta con un sueldo inferior al que percibían.
Los sobrevivientes se dijeron decepcionados de la titular de la Proceder en Coatzacoalcos, Sandra Inés González Pérez, pues la funcionaria se puso del lado del patrón y hasta los echó de sus oficinas.
Insistieron en que la propia procuradora les indicó que sus liquidaciones oscilan entre los 30 y los 70 mil pesos dependiendo del puesto que desempeñaban; sin embargo, querían pagarles mil 200 o un máximo de siete mil pesos.
