El Procurador de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, Jorge de León Duque, pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para proteger la vida del juez que instruye dos casos de corrupción contra el ex presidente Otto Pérez Molina.
Tras reunirse con el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado “B” de Mayor Riesgo de Guatemala este miércoles, De León Duque mostró su rechazo hacia las amenazas, denunciadas ayer por el jurista, y reclamó medidas para garantizar la “integridad” e “independencia judicial”.
Gálvez reconoció ayer que la semana pasada, cuando instruía el caso de corrupción en la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), en el que están involucrados Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, recibió al menos un mensaje intimidatorio, cuya autoría rehusó precisar.
El juez sí señaló en declaraciones a periodistas que este mensaje no provino de “parte de los sindicados” ni “fue referido a ningún proceso en especial”.
Gálvez instruye el caso de corrupción en la portuaria TCQ, por el que decretó prisión preventiva para 10 personas, entre ellos Pérez Molina y Baldetti, ambos ya en la cárcel por la trama de defraudación aduanera “La Línea”, que también se dirime en el Juzgado de Mayor Riesgo “B”.
El juez cuenta desde hace años con un equipo de seguridad, ya que “en esto de la justicia uno nunca queda a bien con las partes”, una protección que será doblada para evitar intimidaciones que puedan afectar a la independencia de los juzgadores.
El presidente del Organismo Judicial (OJ), Rafael Rojas, anunció esta iniciativa e insistió en que la adopción de “medidas extremas de seguridad” tiene como objetivo salvaguardar el desempeño de los jueces de mayor riesgo y la independencia del sistema judicial.
Según la Fiscalía, Pérez Molina y Baldetti recibieron un millonario soborno a cambio de otorgar la ampliación del puerto Quetzal a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), de la que el empresario español Juan José Suárez era director y representante legal.
Los exgobernantes están acusados también de liderar la trama de corrupción aduanera “La Línea”, desarticulada el 16 de abril de 2015, por la que están acusados de los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y caso especial de defraudación aduanera, junto a otras treinta personas, entre funcionarios y particulares.
El juez Gálvez, que tiene bajo su cargo el proceso, debe celebrar una audiencia para decidir si envía a un juicio oral y público a los miembros de esa red.
La diligencia, aún sin fecha, se celebrará después de que una Sala de Apelaciones resuelva una serie de recursos pendientes.
