El presidente interino de Brasil, Michel Temer, enfrenta desde hoy su primer problema en el frente externo, tras la decisión de Venezuela de llamar a Caracas a su embajador en Brasilia por lo que califica de «golpe» contra la mandataria suspendida, Dilma Rousseff.
La decisión del Senado brasileño, que este jueves instauró un juicio político con miras a la destitución de Rousseff, separó a la mandataria del cargo durante 180 días y llevó al poder al hasta ahora vicepresidente Temer, que se encontró con una fuerte reacción del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
En un discurso en cadena de radio y televisión, Maduro afirmó que la suspensión de Rousseff, que calificó abiertamente de «golpe», es una «canallada contra ella, contra su honor, contra la democracia, contra el pueblo brasileño».
También anunció que había pedido regresar a Caracas al embajador en Brasilia, Alberto Castellar, que de hecho ya estaba en la capital venezolana y quien ya se había reunido con el propio Maduro y con la canciller Delcy Rodríguez.
Fuentes oficiales dijeron hoy que Brasil aún no ha decidido si responderá al regreso a Caracas del embajador venezolano y que, por el momento, ese asunto sólo es analizado.
Casi al mismo momento en que Maduro hacía su anuncio, sin aclarar si era un «llamado a consultas», el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, José Serra, emitía las primeras dos notas de su flamante gestión.
La primera fue dirigida a los Gobiernos de Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua, a los que acusó de «propagar falsedades» sobre el proceso político brasileño, del que dijo que «se desarrolla en un cuadro de absoluto respeto a las instituciones democráticas y a la Constitución».
El segundo comunicado se refirió exclusivamente al secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, quien consideró que el proceso contra Rousseff podía violar «el principio de separación de poderes», al otorgar al Parlamento «la posibilidad de criminalizar actos administrativos».
Serra, el primer canciller político que tiene Brasil desde 2002 y un declarado crítico del ala «bolivariana» regional, manifestó su «repudio» a la posición del secretario general de la Unasur y alertó de que pudiera ser «incompatible» con su cargo.
TORMENTA REGIONAL
El conflicto en ciernes entre Maduro y Temer puede vaticinar tormentas en el mapa regional, sobre todo porque Venezuela ostenta desde el pasado abril la presidencia temporal de la Unasur y en julio asumirá la misma responsabilidad en el Mercosur.
De ese modo, Venezuela presidirá ambos bloques sudamericanos en el segundo semestre, en medio de su propio conflicto interno y de los intentos de la oposición por celebrar un referendo para revocar el mandato de Maduro.
Fuentes diplomáticas consultadas en Brasilia dijeron que, aunque lo intenten, Venezuela, Bolivia y Ecuador no podrán ir más allá de conflictos particulares con el Gobierno de Temer, pues no habría consenso para trasladarlos al escenario regional.
En el Mercosur, Uruguay ha manifestado sus dudas sobre el proceso contra Rousseff, aunque sin calificarlo de «golpe» como Venezuela, mientras que Argentina y Paraguay han sido cautelosos.
La canciller argentina, Susana Malcorra, expresó su «dolor» y «preocupación» por el trance que vive Brasil, pero consideró que el proceso cumple «las pautas establecidas dentro de la legalidad», aunque «muchos» dudan de su «legitimidad».
También dijo que espera conversar este mismo fin de semana con José Serra, pues «obviamente» Argentina establecerá «los vínculos institucionales que correspondan» con el nuevo Gobierno de Brasil.
Paraguay, por su parte, indicó que respeta «en todo momento el proceso institucional» en Brasil y que confía «en la plena vigencia del Estado de derecho y el normal funcionamiento de las instituciones democráticas» del país.
Esta semana, el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, aseguró que su país no interfiere en «cuestiones internas de otros Estados, como no queremos y no quisimos que se metieran en un momento dado acá».
Aludía al año 2012, cuando el Mercosur suspendió a Paraguay tras la destitución de su entonces presidente, Fernando Lugo, también mediante un juicio parlamentario.
La decisión del Senado paraguayo, condenada en su momento por Rousseff, fue considerada por el Mercosur como una «alteración del orden democrático» en ese país.
