La angustia por las varias horas de espera en filas interminables y el temor a no encontrar alimentos se han convertido en el mejor combustible para las protestas que se viven a diario en las calles de Caracas, donde chocan constantemente chavistas y ciudadanos que se dicen “cansados” de la crisis.
Una de las esquinas de la Avenida Fuerzas Armadas, en el centro de la capital venezolana, fue escenario este jueves de dimes y diretes entre mujeres y hombres que aguardaban la llegada de camiones con víveres y no encontraban explicación al cierre de los numerosos locales del sector.
“Comida”, “Tenemos hambre”, “Maduro cobarde, el pueblo tiene hambre” y “revocatorio”, gritaban los exaltados lugareños custodiados por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que buscaban evitar choques entre los manifestantes e integrantes de los colectivos afectos al Gobierno.
La queja era la misma: escasez y altos precios que los obligaban a permanecer varias horas a las afueras de los comercios que ofrecen productos de primera necesidad subsidiados por el Gobierno.
También rechazaban la aplicación de un plan gubernamental que instruye la posibilidad de recibir en sus casas, previa inscripción ante grupos chavistas conocidos como los CLAP, paquetes con productos subsidiados y cuya distribución está prevista cada 21 días.
“El pueblo se está muriendo de hambre, literalmente nos estamos muriendo de hambre, de mengua, los sueldos no nos alcanzan, no hay medicina”, dijo a Efe Margarita Sánchez.
Esta jubilada del Ministerio de Educación, profesional, con posgrado, asegura que recibe de pensión un sueldo mínimo de 15.051 bolívares al mes (unos 1.505 dólares a la tasa más baja del mercado oficial y 27 dólares a la más alta).
Sánchez rechazó la entrega de víveres en bolsa, que calificó como “un paliativo” y “pan para hoy y hambre para mañana”.
“La bolsa te trae un paquete de harina, un kilo de arroz, una bolsita de jabón de lavar, ni siquiera de jabón de bañarse, cada 21 días. ¿Crees que eso alcanza para una familia que tenga cinco, seis muchachos?”, se preguntó, tras admitir que cuando abre su alacena siente “ganas de llorar”.
También Gabriela Aparicio expresó su frustración por la entrega de las bolsas y la decisión de cerrar los negocios en esa zona, en su mayoría propiedad de inmigrantes chinos.
“No queremos bolsa, queremos comida, queremos comprar lo que nosotros queremos cuando queramos”, aseguró esta mujer, quien relató que su hija de cuatro años “anoche estaba llorando por leche” y no pudo dársela.
Consultada si compra carne, cuyo precio estimó en unos 5.000 bolívares el kilo (unos 500 o 9,20 dólares según la tasa), Aparicio respondió que en su casa se “resuelven” (solucionan) con sardinas.
Por su parte, Miguel Carpio subrayó que la “realidad de la calles” es que el pueblo está “pasando hambre, necesidad”.
“No tenemos ni siquiera una afeitadora”, comentó Carpio, rodeado de numerosos curiosos que apoyaban su reclamo.
En Venezuela, la distribución de alimentos subsidiados se realiza a cuentagotas a través de las cadenas de establecimientos públicos y privados, que en la mayoría de ocasiones ven superada la capacidad de sus instalaciones por la cantidad de compradores.
Ante esa situación se han establecido controles para regular los días de venta por persona según el número final de su cédula de identidad, pero esto no garantiza que quienes permanecen horas en las filas puedan lograr adquirir algún producto de la canasta básica.
