En sesión de cabildo se aprobó este jueves el decreto sobre el retiro de fuero a las autoridades establecidas en la Constitución de Veracruz, informando el síndico Martín Gracia Vázquez que se analizó el decreto que derogó el segundo párrafo del artículo 76 de la misma y que reformó el artículo 78, “que son artículos que trataban sobre los juicios de procedencia (fuero), a los que deberían de acudir los funcionarios públicos que establecían la constitución, cuando en el ejercicio de sus funciones cometieran algún delito”.
Con la ausencia de la regidora Juana Isabel Morales Aguirre y los votos en contra de los regidores Carla Verónica González y Víctor Mijangos, se aprobó por mayoría el retiro de fuero al gobernador, al secretario de despacho, al contralor general, a los alcaldes o presidentes de consejos municipales, síndicos, consejeros electorales, al secretario ejecutivo del organismo público que ejerza la autoridad electoral y a los consejeros del IVAI, que estaban protegidos por este proceso de procedencia en casos de delitos, “y solamente quedaron con esta potestad constitucional, el fiscal general, los diputados locales, los magistrados del Poder Judicial y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; solamente ellos, para poder llevarlos a proceso penal, se requiere primero que se declare la procedencia en contra de ellos por parte del Congreso”.
Comentó el edil que en principio hubo confusión del cabildo, en cuanto a la aplicación del decreto a las actuales autoridades, pero se aclaró que las normas se producen para que surtan efectos a futuro, no en forma retroactiva, ya que se protestó al amparo de una constitución vigente.
CONGRESO TIENE QUE APROBAR PROPUESTA DE CONTRALOR GENERAL Y FISCAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN
El síndico Martín Gracia también comentó la aprobación unánime a la reforma del artículo 33 de la constitución local, en donde se adicionan dos fracciones trascendentales, indicando que para que exista un contralor general del Estado, a partir del próximo bienio la propuesta del ejecutivo estatal la deben aprobar las dos terceras partes del Congreso, con la facultad de hacer cuantas propuestas sean necesarias si se rechazan.
Así también se refirió a la creación de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción que debe estar integrada a la Fiscalía General, cuyo titular debe ser aprobado por las dos terceras partes del Congreso local, avalado por la mayoría calificada de los legisladores para el ejercicio en período de cinco años.
INTERVENDRA EL CONGRESO EN APROBACIÓN DEL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO
Finalmente el síndico Martín Gracia comentó que ahora “ya no es de manera unilateral como el gobernador hará valer el Plan Veracruzano de Desarrollo, sino que también tendrá que someterlo a la potestad de su par el poder legislativo, porque con esta reforma al 33, se le anexa también otra fracción bis en donde se faculta al Congreso aprobar con las dos terceras partes el PVD; si se plantea un plan para los próximos dos años para el gobierno de dos años, no congruente con el sentir popular representado en el Congreso, no se va a aprobar; van a tener que corregirlo para los efectos que estén acordes tanto el poder legislativo y ejecutivo, en beneficio de los veracruzanos”.